REFORMA DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

Legisladores de ambas cámaras ultiman sus estrategias ante el inminente envío por parte del Ejecutivo de dos proyectos clave para la industria del seguro: la reforma de la Ley de ART y la del sector agrícola. Qué cambios habrá. La opinión de los diputados.

Los diputados y senadores de la Nación se encuentran a la espera de que el Poder Ejecutivo presente dos proyectos de ley importantes para la industria del seguro, uno de modificación de la Ley de ART y otro para crear un seguro multi-riesgo agropecuario, que generan gran expectativa. Tal es así, que legisladores de casi todos los bloques ya presentaron sus propuestas, para estar preparados para la hora del debate. Además, en el Senado, ya se está analizando un paquete de reformas a la Ley de Seguros. Por estas horas, ya es vox populi en los pasillos del Palacio Legislativo los principales lineamientos del anteproyecto que elabora el Ministerio de Trabajo para regular la actividad de las ART.
La propuesta oficial avanzaría sobre cuatro cuestiones centrales: los resarcimientos económicos se actualizarían dos veces al año, según el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables, con el objetivo de bajar el nivel de litigiosidad judicial, además de la indemnización, se prevería una prestación dineraria adicional del 20% a condición de desistir de iniciar acciones legales por la vía civil contra el empleador; se conformarían comités mixtos para que los trabajadores fiscalicen el cumplimiento de las medidas de control de los riesgos laborales.
Finalmente, se apuntaría fomentar la competencia con sociedades de seguros mutuos que, al estilo español, estarían integradas por la patronal su personal.
Los proyectos
Al margen del proyecto del Ejecutivo, en Diputados, ya hay nueve proyectos de ley sobre la temática y tres en el Senado.
Mientras que algunos apuntan a corregir algunos artículos de la actual Ley de Riesgo de Trabajo (LRT), otros proponen su derogación y hasta cuestionan a la iniciativa de la Rosada. El más radical es el que diseñan el diputado Víctor De Gennaro y el secretario de Salud Laboral de la CTA, Jorge Yabkowski (ver aparte), que erradica de plano el negocio de las ART y las sustituye por entidades sin fines de lucro con control de los trabajadores.
En tanto, espera tratamiento un texto del diputado Héctor Recalde que tiene como objetivo fomentar la participación de las asociaciones sindicales y las cámaras empresarias: «Las ART y los empleadores deben asegurar al trabajador el derecho a ejercer sus actividades en un ambiente de trabajo sano y seguro, que preserve su salud física y mental y estimule su desarrollo profesional; mientras que los trabajadores están obligados a observar las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene y a capacitarse para evitar daños en su salud», explicó a Seguros el abogado de la CGT. El proyecto contempla un rol más activo del Estado.     Entre las más conservadoras, se encuentra la propuesta del diputado Eduardo Amadeo, del Frente Peronista, para evitar el pago de la cuota mensual por parte de los empleadores a las ART, durante la licencia por embarazo. En la misma línea, el de la senadora chubutense Graciela Di Perna busca eximir de responsabilidad civil a los empleadores por los accidentes laborales.
A falta de quórum propio, difícilmente, podrán lidiar con el proyecto oficial.
Garantías para el agro
El proyecto del Ejecutivo que crea un seguro integral multirriesgo contra el granizo y la sequía, es otra de las propuestas que genera mayor expectativa en el sector agropecuario. El plan en diseño por los técnicos del Ministerio de Agricultura, junto a la Superintendencia de Seguros y algunas aseguradoras, destinaría un fondo de $ 400 millones para que cubra los siniestros, hoy, no contemplados, con una prima promedio del 3% del valor asegurado, $ 100 millones para riesgos catastróficos y un esquema de participación público-privado, con el Estado subsidiando a los pequeños productores.
Por si acaso, ya hay alternativas como la del diputado radical y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Ricardo Buryaile para instituir un Seguro Básico Agropecuario y Forestal (BAF) de adhesión voluntaria (ver aparte) y otra del senador oficialista Daniel Pérsico, que obliga a todos los productores del agro a asegurar sus producciones en un plazo de cinco años, otorga subsidios para el pago de las primas por parte del Estado para los más pequeños y modifica la sección referida a los seguros agropecuarios de la Ley de Seguros.     Dos cuestiones generan preocupación entre los legisladores del campo: la obligatoriedad del seguro, que no estaría definida en el borrador oficial, y que el Estado efectivamente subsidie una parte de la prima. «Una garantía obligatoria desarticularía el mercado de seguros. Los productores, en especial los más pequeños, se quedarían sin opciones de cobertura», se quejó ante Seguros el agrodiputado Juan Casañas, y sugiere: «Debe buscarse un sistema con incentivos reales».

Fuente: Cronista Comercial 14-8-2012

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