Ámbito Financiero
Martes 20 de Junio de 2017
EDUARDO O. SCHIEL
Las declaraciones del Presidente de la Nación han disparado el debate acerca de la llamada «industria del juicio». Indican como causal principal el accionar de ciertas mafias y/o contubernios entre ciertos estudios de profesionales con miembros del Poder Judicial y su consecuencia sería un enriquecimiento injusto y un impacto negativo en la inversión y la creación de empleo. Más allá de este diagnóstico en cuanto a sus causas y consecuencias en los que me permito dudar, lo cierto es que la problemática existe y no es de ahora. La litigiosidad en materia laboral es elevada y presenta en jurisdicciones como CABA, Buenos Aires, y Santa Fé los niveles más altos.
Los objetos judiciales que más se observan son los relacionados con los riesgos del trabajo y con las desvinculaciones. Con respecto a los riesgos del trabajo es llamativo que el descenso de la siniestralidad en cuanto a cantidad y gravedad de accidentes redundara en una mayor judicialidad. Además las reformas introducidas (decreto 1694/09, Leyes 26.773 y 27.348) mejoraron notoriamente las prestaciones dinerarias. No obstante la judicialidad no dejó de crecer. Entiendo que son diversos los factores que han contribuido, donde centrarlo exclusivamente en abogados con mala fe y jueces híper protectorios sería una visión sesgada. Las reformas introducidas tuvieron fallas en su técnica legislativa; algunos fallos, aplicando criterios híper protectorios, resultaron ser desacertados; las A.R.T. y las empresas nunca trabajaron mancomunadamente para oponer estrategias de defensa que hubieran sido más efectivas. Además la última reforma introducida requiere la ratificación de las provincias y aún así entiendo que es un parche que resultará ser poco efectivo. Por esto creemos que para afrontar esta problemática es necesario que los criterios judiciales sean uniformes y contestes con lo que la Ley prescribe (aplicación del RIPTE, no aplicación del adicional del 20% en accidentes in itinere, aplicación de la tabla de incapacidades, agotamiento de la instancia administrativa, por ejemplo). Por otro lado la necesidad de que tanto las A.R.T. y las empresas trabajen en forma conjunta en las defensas permitiría que estas sean mejor logradas y, en consecuencia, un modo efectivo para desincentivar ciertas acciones temerarias que frecuentemente se presentan. Llevar esto a la práctica no es fácil. No somos muy optimistas que la última reforma resulte ser un medio eficaz para reducir la judicialidad. Como dato empírico desde fines de los 80 se han sancionado normas (Leyes 24.028, 24.557, y 26.773 y los decretos 1278/00, 1694/09 y 472/2014) para frenar la judicialidad y más tarde o más temprano se observaba su fracaso. Además la reforma de este año (Ley 27.348), requiere que las provincias la suscriban.
Por el lado de los despidos, entendemos que en un país que presenta cerca de un 35% de informalidad es lógico suponer que parte de esta situación termine ventilándose en los tribunales. La informalidad genera juicios y no es al revés. Los empleadores no son siempre víctimas pasivas. A su vez ciertas multas legales (art. 80 y 132 bis de la L.C.T.) terminan siendo onerosas e híper protectorias. Si a esto le agregamos criterios judiciales que en ciertos casos protegen al trabajador donde la Ley no lo hace, nos encontramos con que son varios los factores que sumados se potencian y se traducen la situación actual. También es un incentivo adicional las tasas de intereses que en ciertas jurisdicciones, como en Capital Federal, tienen un rendimiento similar o superior al de los bonos más atractivos del mercado. La hipertutela legal y judicial, la informalidad, errores en la instrumentación de los despidos, tasas de intereses a nuestro modo de ver elevadas, son factores que sin lugar a dudas generan un nivel de judicialidad preocupante. Responsabilidad social empresaria, gestión de personal profesional en las organizaciones, revisión de ciertos institutos legales y posturas judiciales que no pequen de híper proteccionismo redundaría no sólo en menos juicios sino que además en mejores empleos y más justicia social. Hay mucha tela para cortar, hay mucho para debatir y los análisis ligeros y superficiales no siempre terminan llevando a las soluciones buscadas.
