También la Justicia reprocha a Adecua y obliga al Banco a devolver dinero a los consumidores (cuenta por cuenta)
Así como desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor (*) investigamos y denunciamos la conducta de las autoridades de ADECUA, que, lejos de defender a sus representados, montó un operativo que les permitió cobrar importantes sumas a sus abogados y dejó afuera a más del 99% de los usuarios bancarios que debía defender, la Justicia también reprocha a Adecua su desapego y obliga al Banco Macro –ex Privado de Inversiones- a devolver con intereses las sumas adeudadas a sus clientes.
A partir del acuerdo entre Adecua y Banco Privado de Inversiones, sobre un total de 135 mil clientes, el banco devolvió un promedio de 483 pesos sólo a 27 personas.
La investigación de la Subsecretaría llevó a realizar una denuncia penal por fraude a la Presidenta de ADECUA, Sandra González, al directivo Osvaldo Riopedre y al resto de su Comisión Directiva, luego de detectar que se trató de una modalidad de iniciar juicios por cobros indebidos de seguros pero luego acordar con los bancos –se repitió al menos en 8 casos- una nueva manera de facturar y una devolución por cobros en demasía y también los mecanismos de devolución e información, que, en todos los casos se tradujo en un escasísimo número de beneficiarios del acuerdo y suculentos montos de honorarios para los abogados de Adecua.
La denuncia de la Subsecretaría en la Justicia Penal requirió, además, la investigación de la ruta del dinero recibido por parte de los abogados de Adecua pagados por los bancos, honorarios que exceden de una manera casi obscena los escasos montos devueltos a los damnificados.
La falta de automaticidad y de universalidad, contrariando la ley 24240 de Defensa del Consumidor, fueron objetados por la Subsecretaría y también, ahora por el Juez Sícoli, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5, cuando convoca a las partes: Banco y Asociación para que le rindan cuenta de los resultados del acuerdo. Al que consideró fracasado.
El Banco sólo demostró que había publicado los términos del acuerdo en dos diarios. Informó que el total de clientes era alrededor de 135.000 y que había restituido lo acordado a los que se presentaron a solicitarlo: 27 clientes. La mera comparación entre esas cantidades exime de cualquier comentario.
Resulta de gran cinismo que la explicación de Adecua por la exigua cantidad de personas que reclamaron la devolución. Opina que se debe a que los demás no habrían compartido el acuerdo y más descarado aún resulta la solución que propone la asociación: “una nueva acción colectiva contra el banco por los restantes clientes a los que no se les devolvió nada”. No puede uno evitar preguntarse si están procurándose un nuevo “acuerdo” y otra vez suculentos honorarios.
Ante tales manifestaciones, el Juez expresa en los fundamentos de su resolución, textualmente: “Reconocido el derecho a cobrar una suma de dinero, este derecho no puede verse conculcado por un inadecuado modo de ejecución que termina por favorecer económicamente al deudor”. “Ni el banco demandado, ni la actora, informaron, con lealtad y buena fe antes de ahora”.“Aparejaría un enriquecimiento de la entidad financiera en sumas millonarias.-“ “En cuanto a ADECUA, no alcanzo a entender aún –y más allá de las manifestaciones brindadas en el acto de la audiencia- el desapego demostrado por esa asociación respecto del resultado de un acuerdo alcanzado por ella, que involucraba a los consumidores que decía defender, pues ciertamente debió ser la asociación la denunciante del fracaso de una instrumentación dada; de lo contrario, la defensa de los derechos que predica queda sólo en un acto declamatorio sin concreción efectiva.”
En su parte resolutiva, y sujeto a la apelación presentada por el banco, el juez Sicoli ordenó en la resolución del 22 de marzo de 2013 lo siguiente:
1) La demandada, una vez firme la presente decisión, depositará dentro del término de diez días, en las cuentas que posean en la actualidad los clientes alcanzados por la condena, el total de las sumas debidas más los intereses reconocidos hasta el efectivo pago.
2) Depósito judicial en el Banco Nación de los montos a devolver a los clientes que ya no operan con el banco. Informando a través de edictos la existencia de fondos depositados a su favor.
3) A fin de dar debida publicidad a esta decisión se deberá: a) incluir en los tres (3) resúmenes de cuenta posteriores a la firmeza del presente proveído, de modo claro, el capítulo resolutorio de esta decisión y la fecha de disponibilidad de las sumas correspondiente; y b) publicar edictos a cuarto de página en la sección principal de los diarios “La Nación”, “Clarín” y “Crónica” por dos (2) días.
4) Puesta a disposición de los antiguos clientes del listado de personas y montos en todas las sucursales del Banco.
5) En ambos casos, el monto incluirá los intereses a tasa activa, devengados en el tiempo en que debieron haber sido devueltos.
6) Información, en plazo de 5 días, al juez, al fiscal y a la asociación de los listados, montos, fechas de pago y grado de cumplimiento alcanzado.
7) La Asociación deberá informar telefónicamente – por los medios habituales- a los interesados para que retiren esos montos.
8) Remitir las actuaciones a la autoridad de aplicación para que tome las decisiones administrativas que correspondan en relación a la Asociación de Consumidores.
9) En caso de dilación o incumplimiento en las obligaciones debidas, se impondrá a multa diaria de $ 10.000 por cada día de retardo, sin perjuicio de la carga que corresponde a la actora y al Ministerio Público Fiscal en orden a impulsar la ejecución de esta sentencia.
(*) Fuente: Boletín informativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor – Secretaría de Comercio Interior – Ministerio de Economía de la Nación
A mayor abundamiento, resulta sumamente ilustrativo lo consignado por periodista David Cufré en Página/12 del 19 de abril:
El Banco Privado deberá devolver dinero
Un fallo de primera instancia establece que el Banco Privado de Inversiones deberá pagarles a casi 135 mil usuarios el dinero que les cobró de más a través de seguros de vida fijados en distintos créditos.
El Banco Privado de Inversiones deberá reintegrar a sus clientes el dinero que les cobró de más durante tres años a través del seguro de vida que incluye en distintos créditos. La suma total rondaría los 65 millones de pesos. Así lo determinó un fallo de primera instancia del juez en lo comercial Jorge Sicoli. La sentencia, dictada tras una intervención de oficio del magistrado, fue en respuesta a la investigación de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor sobre los acuerdos entre la asociación de consumidores Adecua y seis bancos y financieras. El juez había sido quien homologó el convenio entre esa entidad y el Banco Privado de Inversiones –luego comprado por el Banco Macro–, pero al tomar conocimiento de que sólo 27 personas sobre unas 135 mil afectadas habían logrado recuperar lo suyo, ordenó modificar el mecanismo de liquidación del dinero a los usuarios. De todos modos, esto ocurrirá recién cuando la medida quede firme, tras la intervención de la Cámara luego de la apelación del banco.
La resolución del juez Sicoli es muy crítica de la actitud del banco y de Adecua, a quienes acusa de haberle ocultado que el resultado del acuerdo que él homologó fue “un fracaso”. Página/12 reveló en el verano el contenido de la investigación de Defensa del Consumidor. Allí se menciona que existió un modus operandi entre Adecua y seis bancos y financieras para cerrar juicios millonarios contra esas empresas a cambio de acuerdos donde los acusados se comprometían a devolver lo percibido de manera indebida. Sin embargo, esos mismos arreglos fijaron pautas de comunicación a los damnificados tan opacas que apenas el 0,9 por ciento del total en los seis casos, 15.672 personas, cumplieron los requisitos exigidos y lograron recuperar su dinero, mientras que el 99,1 por ciento, 1.736.499 clientes, jamás se enteraron de la existencia de los arreglos y no obtuvieron nada. Los bancos se ahorraron unos 367 millones de pesos y los abogados de Adecua embolsaron 15,6 millones en honorarios, pagados por las entidades financieras.
El Banco Privado de Inversiones fue uno de los que firmó un acuerdo con Adecua para cancelar el juicio que la asociación de usuarios le había entablado por cobrar de más el seguro de vida incluido en distintos préstamos. En su momento, el juez Sicoli estuvo de acuerdo con la reparación establecida en el convenio, pero ahora emitió una resolución para aclarar que la aplicación de lo pactado fue un fiasco. Como se indicó al comienzo, sobre unos 135 mil damnificados, sólo fueron a reclamar que le devolvieran dinero 27 personas, las cuales cobraron un promedio de 483 pesos cada una. Para el banco significaron 13.062 pesos, una cifra “irrisoria” en comparación con los cerca de 65 millones que debió haber desembolsado para cumplir con todos sus clientes.
El juez ordena ahora que la devolución sea automática a todos los perjudicados, a través de un depósito en la cuenta que cada uno de ellos posea en el banco, o un giro al Banco de depósitos judiciales a nombre de quienes ya no tengan vinculación con la entidad financiera, el cual deberá ser debidamente notificado. También establece que se paguen los intereses correspondientes. Sicoli le exige al banco que le envíe el listado de los pagos dentro de los cinco días de haberlos efectuado. De todos modos, el magistrado aclara que la medida se aplicará “una vez que la presente decisión quede firme”. Es decir, después de que se resuelvan todas las instancias de apelación que le caben al banco.
Antes de tomar esta decisión, el juez convocó el mes pasado a los representantes de Adecua y del Banco Privado de Inversiones. El juez describe en su resolución que las explicaciones dadas sobre el “fracaso” del acuerdo no fueron satisfactorias. “En cuanto a Adecua –dice el juez–, no alcanzo a entender aún el desapego demostrado por esa asociación respecto del resultado de un acuerdo alcanzado por ella, que involucraba a los consumidores que decía defender, pues ciertamente debió ser la asociación la denunciante del fracaso de una instrumentación dada; de lo contrario, la defensa de los derechos que predica queda sólo en un acto declamatorio sin concreción efectiva”, advierte.
Nota del editor: El resaltado en rojo, es nuestro
