UNA PREOCUPANTE DERIVACIÓN EN EL “CASO” HORIZONTE

aulllllllllllllllllllllllClarificando

Especial para El Seguro en acción

Uno de los principios básicos de nuestra profesión, es la obligación de chequear las informaciones que recibimos y, consecuentemente, poner sumo cuidado en la elección de las fuentes a consultar. La conducta contraria (el “copiar y pegar”), sólo cabe en un rango de noticias “rutinarias”, que así lo ameritan.

¿A cuento de qué, viene esta introducción? A que el jueves 29 recibimos una de esas noticias impactantes que aparecen “de vez en cuando”. Una especie de bomba neutrónica, disparada por una sentencia judicial del día anterior, a través de la cual el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de la provincia de Río Negro, doctor Favio Igoldi, dictaminó que el pago de los seguros de vida a favor de los herederos del trágicamente fallecido gobernador Soria ($ 1.370.693.-), por parte de Horizonte Seguros y del IAPS (Instituto Autárquico Provincial del Seguro de esa provincia), era improcedente, atento las “irregularidades” que determinó en la tramitación del caso. En consecuencia, ordenaba el procesamiento (nada menos) que del presidente, vicepresidente, gerente general y otros funcionarios de la aseguradora, y de otros directivos del IAPS.

¿Por qué se decidía así? Porque las conclusiones del juez se basaban en datos que -a priori-, aparecían como incontrastables. Entre otros:

  • Que desde el 30 de marzo de  2012 y  hasta el 26 de diciembre de 2013,  en la ciudad de Viedma, “funcionarios públicos y empleados de Horizonte  Compañía de  Seguros), habrían tramitado y abonado ­violando la reglamentación vigente­ el seguro de vida emitido por Horizonte Seguros, a favor de quien en vida fuera Carlos Ernesto Soria, a favor de sus hijos Martín I., Germán E., Carlos E. y María  E. Soria (obsérvese que no figura la esposa, a la sazón victimaria del occiso).
  • Que la ficha de adhesión de Soria, había ingresado a la  aseguradora el 5 de enero del 2012, o sea con posterioridad al fallecimiento del asegurado (1º de enero de ese año).
  • Que la denuncia del siniestro había sido ingresada el 30 de marzo del 2012, fuera del plazo previsto contractualmente. 
  • Que “los encartados, en calidad  de  máxima  autoridad de  la  empresa  Horizonte, a  cargo de su administración y gestión, no ofrecieron el menor reparo en abonar un beneficio (…), que jamás debió haberse tramitado, causando esto un perjuicio patrimonial indebido». 

 

Hasta aquí, la información que los periodistas recibimos. Ahora, corresponde explicar en detalle, algunas particularidades de las entidades involucradas, como asimismo de otras precisiones que hemos obtenido en nuestros contactos con diversos conocedores del mercado rionegrino.

La información que, en este aspecto, publicamos en nuestro sitio

En la columna 108 (3 de abril ppdo.), decíamos respecto de Horizonte: “(…) desde la Patagonia ahora llega una brisa refrescante (léase, decisión del gobierno de Río Negro de efectuar aportes de capital). Pero al propio tiempo, recibimos un viento tormentoso: serios cuestionamientos judiciales a la entidad, en punto al pago de indemnizaciones ante el homicidio del ex gobernador Soria (http://www.elseguroenaccion.com.ar/?p=7264).

Cuando a esa información se le sumó el conocimiento de la sentencia del doctor Igoldi, como nos dijo un viejo conocedor del mercado, cuando anteayer comentamos el tema en los pasillos del Foro Nacional del Seguro: “final anunciado”.

Pero, a la luz de los datos que ahora hemos recopilado, nada será tan fácil ni tan terminante.

Los orígenes

Nos parece oportuno dedicar algunas líneas para clarificar esta interrelación entre Horizonte y el IAPS (Instituto Autárquico Provincial del Seguro).

El Instituto, asegurador estatal de la provincia patagónica, hasta 1987 operó de manera irregular, por cuanto no se había adecuado a la normativa pertinente en materia de seguros, pero durante la administración del licenciado Diego Peluffo, sus directivos tomaron conciencia de que esa “liberalidad” estaba llegando a su fin.

En consecuencia, adoptaron una decisión que cambiaba el eje de la cuestión: compraron la totalidad de las acciones de una aseguradora cautiva del Grupo Continental/Mascarenhas: Horizonte S.A. y desde principios de 1988, hasta el presente canalizan a través de esa sociedad todas sus operaciones. En estos momentos, el porcentaje accionario que registran es del 99,10 % a nombre del IAPS y del 0,90 % restante a Río Negro Fiduciaria.

Las dos caras de la moneda

Puntualizado esto, pasaremos a enunciar una serie de cuestiones que hemos corroborado a través de nuestros contactos, que nos llevan a concluir que el andamiaje judicial tiene muchos puntos débiles y, algunos, que directamente pueden ser calificados como inexplicables.

Vayamos al detalle:

  • El doctor Carlos Ernesto Soria asumió el cargo de gobernador de Río Negro, el 10 de diciembre del 2011, bajo el sello político del Partido Justicialista. Pero falleció a las 4.47 del 1º de enero del 2012, según se comprobó posteriormente, asesinado por su esposa, Susana Freydos, quien luego fue sentenciada a 18 años de cárcel.
  • Conforme a lo que dispone la constitución provincial, asumió en su reemplazo el vicegobernador Alberto Weretilneck, hombre del Frente Grande.
  • De inmediato quedó expuesto un serio enfrentamiento entre el nuevo titular del Ejecutivo y un hijo del político asesinado, Martín Soria, intendente de la ciudad rionegrina de General Roca.
  • Éste, el abrir el período de sesiones del Concejo Deliberante de Roca, formuló varias acusaciones hacia el gobernador y aquel le respondió, acusándolo de “actos de corrupción”.
  • Ante esas expresiones, el juez de instrucción penal Fabio Igoldi, resolvió abrir, de oficio, una causa para delimitar el alcance de tan grave cargo. Allí, Weretilneck puntualizó que, entre otras cuestiones, se refería a (presuntas) presiones de Martín Soria en cuanto al cobro de los seguros de vida de su padre, del cual él era uno de sus beneficiarios.
  • Pero, al parecer, el fallo omite analizar la “mecánica” de las coberturas a que se hace mención en el expediente.

La secuencia, pareciera ser la siguiente:

  • De acuerdo con las normas legales vigentes en Río Negro, los empleados de su administración (el gobernador lo es, a estos efectos), cuentan con un seguro obligatorio y, al momento de incorporarse a su trabajo, deben -entre otros documentos burocráticos- suscribir el relativo a esa cobertura y, al propio tiempo, aclarar si también desean adherir -voluntariamente- a un seguro de vida, que administra la aseguradora Horizonte.
  • Adicionalmente, la norma establece que el inicio de vigencia operará automáticamente a la “hora cero” del primer día hábil del mes siguiente a su ingreso a la administración. Y que en la liquidación de ese mes (al igual que en los posteriores), se le deberá descontar de sus haberes la prima correspondiente a estos seguros que, en consecuencia, resultan de pago por mes adelantado.
  • En el caso del doctor Soria, por lo que hemos averiguado, habría firmado de conformidad ambas opciones.
  • Vale decir que a casi cinco horas del inicio de vigencia del seguro, el doctor Soria falleció (asesinado), en un episodio que se halla amparado dentro de la cobertura (!!!). Un caso para los anales del seguro…
  • Y el último dato que hemos recopilado: a partir del día de su deceso, se inició el habitual receso de la administración pública durante todo el mes de enero, hecho que podría explicar ciertas demoras en el cumplimiento de las normas preestablecidas. Que, en definitiva, no parecen configurar la figura de “fraude” que obra en la sentencia.
  • Una aclaración final, que nos ha sido aportada: desde el inicio de este sistema (hace al menos 30 años), la normativa prevé la existencia de una empresa funeraria adjudicataria de ese servicio, que canaliza la atención del fallecido y, posteriormente, factura los honorarios correspondientes, acompañando toda la documentación de respaldo. En este caso sólo cumplió, aunque aparentemente fuera de término, con éste último aspecto, pero sin facturar su servicio, por cuanto que ese cargo había sido asumido por familiares de la víctima.

Nuestra conclusión: ante la previsible instancia de apelación, la decisión del doctor Igoldi presenta costados aparentemente débiles y con aristas que incursionan en el terreno político, con lo cual no parece aconsejable arribar a conclusiones terminantes y, menos aún, apocalípticas en cuanto al futuro de la aseguradora. A nuestro parecer, éste pasa por el cumplimiento de la normativa referente a los capitales mínimos.

Cumplida la obligación aportar a nuestros lectores una información exclusiva, que incluye como anexo los principales documentos del caso, cerramos con un latiguillo frecuente en nuestros escritos: se verá…

Raúl Jorge Carreira

[email protected]

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SENTENCIA. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2. JUEZ: DOCTOR FAVIO IGOLDI

Viedma, 28 de mayo de 2014. 

AUTOS  Y VISTOS: La presente causa caratulada «FISCALÍA Nº2 ­ VIEDMA S/ INVESTIGACIÓN»,  expte.  nro.  50932/14  traída  a  despacho  para  resolver  la situación  procesal  de VICTORIA  GRACIELA  COLACE,  DNI.  11.341.488, que sabe leer y escribir, de  nacionalidad argentina, de 59 años de edad,  nacida en Bahía Blanca, Buenos Aires, el día 24­3­55, hija de 

Angélica Nieves  Magnaterra  (v)  y  de  Francisco  (f),  de  estado  civil  viuda,  de  profesión  contadora  pública, domiciliado en calle Avenida Villarino 450, 1º A de Viedma. 

Reside ahí desde hace 20 años,  ERNESTO ACEBAL, que sabe leer y escribir, de nacionalidad argentina, de 54 años de edad, nacido en Carmensa (Mendoza) el día  14/11/59, hijo de  Generoso Omar (f) y de Eleuteria Isabel Espósito (f) , de estado civil divorciado, de profesión docente, domiciliado en Hipólito Yrigoyen 522 de la ciudad de Catriel (RN) y ser  titular  del  DNI  N°  12.978.906;  EZEQUIEL CORTES,  que sabe  leer  y  escribir,  de  nacionalidad argentino,  de 37 años de edad, nacido en Ciudad de Buenos Aires , hijo de Héctor Cortes y de Norma Lopez, de  estado  civil soltero, de  profesión  Abogado,  domiciliado en Villarino 1042, de Viedma, y ser titular  del DNI N°  25.249.315; RODRIGO  EMMANUEL TOBARES ALTAMIRANDA,  que sabe leer y  escribir, de  nacionalidad  argentino,  de  28  años de edad, nacido en Carmen  de  Patagones  el día 

22/05/85,  hijo  de  Manuel Jacinto  Tobares  y  de  María  Inés  Altamiranda,  de  estado  civil  casado,  de profesión  Licenciado  en  Economía,  domiciliado  en Pringles  596  de Viedma  ,  y ser titular  del DNI N° 31.455.128;  LUIS  FERNANDO  PRIETO  TABERNER,  que  sabe  leer  y  escribir,  de  nacionalidad argentino,  de 46 años de edad, nacido en Rio Gallegos, el día 05/09/67, hijo de  Francisco (f) y de Elsa Delia Echegaray , de estado civil casado, de profesión abogado, domiciliado en Patagonia Argentina 363 de Viedma , y ser titular del DNI N°  18.418.853; ARMANDO ENRIQUE IGUACEL, que sabe leer y escribir, de  nacionalidad argentina, de 46  años de edad, nacido en Bahia Blanca el día 11/12/67, hijo de 

Fermín (f)  y  de Amelia Belardinelli, de estado civil casado, de ocupación  empleado, domiciliado en San Francisco de Asis 371 de Viedma y ser  titular del DNI N° 18.250.350; NELSON AMERICO  CIDES,que sabe leer y escribir, de nacionalidad argentina, de 45 años de  edad, nacida en Neuquen Capital , el día 14/03/69  ,  hijo  de  Elvio  Cides  y  de  Corina  Urrutia  ,  de  estado  civil  casado,  de  profesión  Técnico Radiólogo y actualmente se desempeña como 

Subsecretario de Relaciones Institucionales de la provincia 

de  Río  Negro,  domiciliado  en  San  Martín  155  de  esta  ciudad, y ser titular del  DNI N° 20.436.980, LEONOR AGUSTINA ZAMBORAIN, que sabe leer y  escribir, de nacionalidad argentina, de 56  años de  edad,  nacida  en  Maquinchao,  el  día  16/07/1957,  hija de Eladio (f) y de Leonor Urzainqui (v), de estado  civil  divorciada, de ocupación Contador  Público, domiciliado en Paseo de los Olivos 288 Dpto. «A» de esta  ciudad, y ser titular del DNI N° 12.899.098; SERGIO  ALEXANDER AGUADA , que sabe leer y escribir, de nacionalidad  argentina , de 44  años de edad, nacido en Viedma, el día 31/10/69, hijo de Emilio Aguada (f) y de Cecilia Muller (f) , de estado civil casado, de ocupación empleado,  domiciliado 

en  Brown  567,  de  esta  ciudad,  y  ser  titular  del  DNI  N°  20.750.474;  CARLOS  ALFREDO 

VILLANUEVA,  que sabe  leer  y  escribir,  de nacionalidad  argentino, de 43  años  de  edad,  nacido  en 

Santa María, pcia. de Catamarca el dia 19/05/1970 , hijo de Aureliano  Carlos Villanueva y de Lucrecia 

Monasterio, de estado civil casado, de profesión abogado, ocupación  empleado, domiciliado en Urquiza 

290  primero  C  de  esta  ciudad  ,  y  ser  titular  del  DNI  N°  21.326.613;  MARIA  MERCEDES 

IAQUINANDI,  que sabe leer y escribir, de nacionalidad argentina, de 62 años de edad,  nacido en Bahia 

Blanca, pcia. de Buenos Aires, hijo de Francisco Iaquinandi (f)  y de Serenelli Amelia (f), de estado civil casada, de profesión, profesora  de letras y ocupación, empleada , domiciliado en San Martín 867, planta  baja depto.  «B» de Viedma, y ser titular del DNI N°  6.387.570; y de SANDRO FABIAN CHAINA, 

DNI. 20.509.478, que sabe leer y escribir, de nacionalidad argentina, de 45 años de edad, nacida en Ing. 

Jacobacci, Provincia de Río Negro, el día 19/11/1968, hijo de Américo (v) y de Haydee Mohana (V), de estado civil casado, de profesión Abogado,  domiciliado en calle Bhaía Blanca 1092 de General Roca 

DE LA QUE RESULTA: Que se investigan en autos los siguentes hechos: 

Hecho Uno: Que entre el 30 de marzo  de  2012  y  el 26 de diciembre de 2013,  en la ciudad de Viedma, Sebastián A. Raffin, María 

Mercedes  Iaquinandi  de  Torcoletti,  Carlos  Villanueva,  Pablo  Bergonzi,  Sergio  Aguada,  Leonora  A. 

Zamborain, Ernesto Acebal, Nelson Américo Cides, Sandro Chaina,  Victoria Graciela Colace y Armando 

Enrique Iguacel (todos ellos en su calidad de funcionarios públicos y  empleados de Horizonte Compañía de  Seguros), habrían tramitado y abonado ­violando la reglamentación vigente­ el seguro de vida de

Horizonte  Seguros, correspondiente a quien en vida fuera Carlos Ernesto Soria, a favor de sus hijos

Martín I.,  Germán  E.,  Carlos  E.  y  María  E. Soria (Siniestro Nº  7956/12). Para  ello, sin resolución o dictamen que así lo disponga, y violando los  art.  1  de  la póliza Nº 080002;  art. 5 inc. 2 y 6 inc. 2 del 

Anexo I; y art. 5 inc. 2 del Anexo II de dicha póliza, abonaron a los  beneficiarios declarados en una ficha de adhesión ingresada a la  Aseguradora con posterioridad al fallecimiento del asegurado (05/01/2012), sin 

notificación  del  aumento  del  capital  asegurado  y  con  denuncia  del  siniestro  fuera  del  plazo  previsto 

contractualmente  (el  30/03/2012),  la suma  total  de  Pesos  Un  Millón  Doscientos  Cuarenta  y Dos Mil 

Doscientos  Noventa($  1.242.290),  perjudicando  el  erario  público  en  igual  monto.  Así,  Sebastián A. 

Raffin y María Mercedes Iaquinandi de Torcoletti, en sus calidades de  Administrativo y Jefa de Sección de la empresa, respectivamente, habrían tenido una participación  necesaria  al  dar  continuidad  al trámite de 

marras;  Carlos  Villanueva,  habría  tenido  también  una  participación  necesaria  al  dictaminar  durante  el trámite  en su calidad de Gerente de Asuntos Jurídicos y Legales de la empresa,  omitiendo expresar las irregularidades legales  del proceso;  Pablo Bergonzi habría omitido efectuar el debido control del trámite en su calidad de Fiscal de Estado Provincial ­conforme ley K 88­, participando  también del hecho al omitir 

expresar  las  irregularidades  del  proceso  cuando  tomó  conocimiento  del  contenido  el  proceso;  Sergio 

Aguada y Armando Iguacel, en sus calidades de responsables del area  Administración, Victoria Graciela 

Colace,  Gerente  Administrativa  y  Leonor  A.  Zamborain,  Gerente  Financiera  ­todos  de  la  empresa­, habrían consentido la transferencia de los montos dinerarios a los beneficiarios ­hijos del fallecido Soria­, con una conducta necesaria  para la consumación de la defraudación. Resultó necesaria la  autorización del trámite  inicial  efectuada por  el Presidente de Horizonte  Dr. Sandro Fabian Chaina quien autorizó pagos mediante transferencias  bancarias  a los hijos del  difunto, actuando en calidad de coautor.  Acebal en su 

calidad  de  Gerente  General  e  integrante  del  Directorio  de  Horizonte  habría  autorizado  también transferencias de los montos dinerarios a los beneficiarios­ hijos del fallecido Carlos Soria­ en calidad de coautor; haciendo lo propio  también Nelson Cides, Vicepresidente de la empresa, y por ende su  máximo responsable y administrador, actuando éste en calidad de  coautor.

Hecho Dos: Que entre el 30 de marzo 

de  2012  y  el  12  de  julio  de  2012,  en  la  ciudad  de  Viedma,  Victoria  Graciela  Colace  ­Gerente 

Administrativa  del  IAPS­,  Luis  Prieto  Taberner  ­Gerente  de  Programación  del  IAPS  y  de  Asuntos 

Jurídicos y Legales del IAPS­, Rodrigo Emmanuel Tobares Altamiranda ­ Vocal del directorio del IAPS­, 

Ezequiel Cortes ­Vocal del directorio del IAPS­ y Alejandro Palmieri ­ Presidente del directorio del IAPS­ funcionarios públicos del Estado  Provincial­ habrían tramitado y abonado ­violando la legislación vigente­  el seguro de vida obligatorio del IAPs, correspondiente a quien en vida  fuera Carlos Ernesto Soria, a favor de sus hijos Martín I., Germán E.,  Carlos E. y María E. Soria (Siniestro Nº 063/H/12). Para ello, Prieto 

Taberner  habría  efectuado  dictamen  legal  favorable,  mientras  que  Rodrigo  Emmanuel  Tobares 

ALtamiranda,  Ezequiel  Cortes  y  Alejandro  Palmieri  habrían  suscripto  la  resolución  Nº  210/210 disponiendo el pago del seguro de suma de dinero que  administraban; y Victoria Colace habría suscripto 

las  correspondientes  órdenes  de  pago,  todo  ello  en  violación  al  art.  11  de  la  Ley  4232;  abonando consecuentemente  el seguro  de vida  obligatorio  a  los  beneficiarios declarados  en  una ficha de adhesión 

ingresada  al  IAPS  con  posterioridad  al fallecimiento  del  asegurado  (05/01/2012)  y  con  denuncia  del siniestro fuera del plazo previsto legalmente (el 30/03/2012), la suma  total de Pesos Ciento Veintiocho Mil 

Cuatrocientos  Tres  ($  128.403),  perjudicando  el  erario  público  en  igual  monto.­  Mientras  Tobares 

Altamirando, Ezequiel Cortes y Alejandro Palmieri habrían actuado en  calidad de coautores, los restantes imputados habrían intervenido en  carácter de partícipes necesarios”. 

Que  la  prueba  reunida  consiste  en: noticias periodísticas  de fs.  1/2; declaración testimonial de Alberto 

Weretilnek de fs. 11/12, fs.66/67; acta por Secretaría de fs. 16, fs. 19, fs. 109; declaración testimonial de 

Carlos  Alberto  Villanueva  de  fs.  22;  acta  de  denuncia  penal  de  Gonzalo  Matías Jacob  de fs.  24/29; declaración  testimonial  de  testigo de identidad reservada de fs.  35; declaración  testimonial  de Orlando 

Anibal Vega  de fs. 38/51  y fs. 281; denuncia  penal de Bautista José Mendioroz de fs. 56/59; copia de pòliza  Nro.  080002  de  Horizonte  Compañía  de  Seguros  de fs.  68/96; Informe del Instituto  Autártico 

Provincial del Seguro de R.N. de fs. 110, fs.168/175, fs. 216/217 y fs.336; copia de Boletín n Oficial de fs. 

112;  informe  de  Horizonte  Compañía  de  Seguros  de  fs.  114/118,  de  fs.130/167  con  documental, fs.242/248,  fs. 534/539 ; declaración testimonial de César Orfilio Carranza de fs. 180; informe de la

Secretaría General de fs. 181, fs.260; declaración testimonial de Edgardo Corvalán de fs. 192; Nota Nro.

513  de  la  Tesorería  General  de  la  provincia  con  expte.  Nro.  1026­DS­12  de fs.  337,  documental remitida  por Horizonte Compañía  de  Seguros  de fs. 430/489; testimonial de Gastón Bosio de fs. 500 y 

fs.532;  documental  reservada  en  Secretaría  a  fs.  22  vta.,  fs.36,  fs.111,  fs.393,  fs.  564  y  demás constancias en autos. 

Los  imputados  ­a  excepción  de  Bergonzi  y  Palmieri,  comparecieron  y  efectuaron  una  serie  de consideraciones que hacían a sus defensas. 

Y CONSIDERANDO: 

I.­ Que todos los indagados cumplimentaron su  acto  procesal habiendo  tenido debida  vista previa de las actuaciones,  así  como de la  prueba  acumulada, todo ello con anterioridad  a participar del acto material de defensa. 

Que los nombrados efectuaron una serie de declaraciones que será  evaluadas al momento de ir analizando la prueba y las presuntas  participaciones en los hechos. 

Durante el proceso se efectuaron los siguientes planteos de  sobreseimiento: 

A fs.  261/273 el Dr. Damián Torres solicita sobreseimiento  de sus pupilos Rodrigo Emmanuel Tobares 

Altamiranda y Ezequiel Cortes. En la oportunidad efectuó planteos  nulificantes que ya fueron resueltos por vía incidental. 

A  fs.  338/345  ­en  el  marco  de  su  indagatoria­  María  Mercedes Iaquinandi  insta  su  sobreseimiento (evaluándose solo lo correspondiente a Horizonte S.A., ya que no fue imputada en el caso I.A.P.S). 

A fs. 349/350 ­en el marco de su indagatoria­ Carlos Alfredo Villanueva  peticiona su sobreseimiento. 

A fs. 366/373, Leonor Zamborain solicita también su sobreseimiento. 

A fs.  403/405, Luis Fernando  Prieto Taberner  peticiona su sobreseimiento ­en el  acto de indagatoria­, haciendo lo propio Cortes y Tobares Altamiranda a  fs. 408/416. 

En común, los pedidos de sobreseimiento giran sobre la interpretación de cláusulas legales y contractuales, así como sobre responsabilidades de  los encartados. 

En razón de que, desde ya adelanto, los indagados han reconocido todos sus participaciones en el trámite 

correspondiente,  se  evaluarán  los  pedidos  en  lo  que  hace  a  la  interpretación de la  cláusulas legales  y contractuales, a la impugnación de la imputación y la responsabilidad  de aquellos. 

II.­ Que puesto  a resolver sobre el fondo del  asunto debo decir que desarrollaré la presente resolución 

verificando,  en  primer  lugar,  la  existencia  de  los  hechos  históricos  enrostrados  a  los  indagados,  la aplicación del derecho sobre los sucesos, para luego ir precisando la  conducta desarrollada por cada uno de aquellos, y ­en los casos en que así fuera­ consignar si las mismas merecen reproche penal. 

Por  supuesto  que  al ser  dos  los  hechos  indagados,  comenzaré  por  el sindicado  como  Hecho  1  que 

denominaré  como  pago  irregular  de  la  póliza  de seguro del  ex  gobernador  de Río  Negro,  Dr. Carlos 

Soria, de parte de Horizonte Compañía de Seguros Generales S.A. 

HECHO  1:  Pago  Seguro  de  Vida  Horizonte:  Mediante  el  expediente sindicado  como  “Siniestro  Nº 

7956/12” tramitó en  “Horizonte Compañía de Seguros Generales S.A.” (en adelante Horizonte) el pago  del beneficio de Seguro de Vida del fallecido ex Gobernador Carlos Soria 

Dicho trámite original se encuentra reservado en Secretaría, habiendo  sido secuestrado por el suscripto, de manera personal, no observándose falsedad ­ni se ha planteado­ de su contenido. 

Analizando el  trámite se puede reconstruir el camino administrativo seguido, iniciado en su foja 1 con un 

formulario  de  denuncia  de  siniestro  (muerte)  y  finalizado  con  el  efectivo  pago  del  Seguro  a  sus beneficiarios: 

En fecha 30 de marzo de 2012 (ver cargo de fs. 1) el Director de  Administración de la Secretaría General de la Gobernación ­Federico  Daniel López­ efectuó “denuncia de siniestro” ante Horizonte, anoticiando el fallecimiento ­en funciones­ del ex Gobernador Carlos Soria. Asimismo, se denunció como beneficiarios a: 

Martín Ignacio Soria, Germán Ernesto Soria, Carlos Ernesto Soria y María Emilia Soria (entre las fojas 2 y 

22 se incorpora certificado de defunción y documentación de los  beneficiarios). 

A fs. 23 se agrega al trámite certificación realizada por Cesar Carranza, a/c del Departamento de Sueldos de la Secretaría General de la Gobernación, liquidando la remuneración de Carlos Soria correspondiente al  proporcional del tiempo trabajado. Dicha suma asciende en total a $35.849,54 ­en realidad el Neto ascendió a $32.135,54­. 

A fs.  24 ­en fecha  9  de enero de 2013­ el Dr. Carlos Villanueva, en su calidad de Gerente de  Asuntos 

Jurídicos y Legales de Horizonte, efectúa dictamen sobre la  determinación de la suma asegurada. En fecha 

14  de  enero de 2013, Nelson Cides, Vicepresidente de la empresa, le remite el  expediente al Fiscal de 

Estado provincial, Dr. Pablo Bergonzi, solicitando su opinión e  interpretación  de cláusula contractual del 

Seguro de Vida. 

A fs. 26, con fecha 15 de enero de 2013, el Dr. Pablo Bergonzi, coincide  con la interpretación dada por el 

Dr. Villanueva. 

A fs.  27 se  incorpora una nueva  certificación de los haberes de Carlos Soria,  correspondiente  estos  a netos del cargo de Gobernador en diciembre de 2011 (se arriba a la  suma neta de $ 44.911,95). 

A fs. 29 obra orden de pago de Horizonte, por la suma de $310.622,50,  relacionada con el siniestro en trámite.  Dicha orden  aparece suscripta por Sebastián Raffin  – Administrativo­  y  María Mercedes I. de 

Torcoletti ­Jefa de Sección de Horizonte­ (obra sello de PAGADO con  fecha 26 de diciembre de 2013). 

Luego se disponen tres órdenes de pago más. 

Entre  fs.  31/76  se  incorporan  transferencias  bancarias  de  dinero  ­del  siniestro­  abonados  a  los beneficiarios en diez cuotas. 

Ahora bien, dicho trámite debe ser confrontado con la normativa aplicable al consignado procedimiento, y verificar luego su cumplimiento ­o no­. 

El Estado provincial se encuentra vinculado a la empresa Horizonte  mediante la póliza general de seguro 

Nº 80.002 (ver testimonio de Orlando Vega de fs. 38 y constancia  documental de fs. 39/51 de los autos principales). 

Dicha  póliza  fue  emitida  el  30/11/07  ­fs.  80/95  de  los  autos  principales­  estipulando  condiciones generales. 

Desde ya  adelanto  que se verifican, a poco de observar  el trámite, dos importantes irregularidades: 1. La solicitud a adhesión de  Carlos Soria ingresó a Horizonte cuando aquel ya había fallecido y, 2. La  denuncia del siniestro se produce fuera de los plazos legales de  caducidad. 

Ambas circunstancias resultarán infranqueables para el pago del  beneficio. 

1.­  La solicitud individual del Seguro Colectivo de Vida del extinto  Gobernador Carlos Soria, ingresó a 

Horizonte el día 5 de enero de 2012. Es decir, al quinto día de haber  fallecido Soria. 

¿Que consecuencias tiene esto? Orlando Anibal Vega se desempeñaba  en marzo del corriente año como 

Vicepresidente del Directorio de Horizonte. Consultado por la solicitud de fs. 3 del trámite administrativo 

­con  cargo de ingreso  a Horizonte  el día 5 de enero de 2012­, respondió que dicha solicitud no podría haber  ingresado  luego  de  la  muerte  de  Soria.  Que  “la  vinculación  con  Horizonte  comienza cuando la solicitud ingresa  a  la  empresa. Antes no”. Luego, se le  exhibe la documental de fs. 3, señaló que dicho trámite, él hubiera  rechazado”. (fs. 38). 

Entonces,  esto  implica  que  no  existiría  acuerdo  de  voluntad  alguna  entre  el  “asegurable”  (Soria)  y 

Horizonte, por ende, era imposible, ya desde la foja 3 del expediente,  continuar el trámite de cobro. 

El  art.  5º  del Anexo I  de la  Póliza ­Condiciones Contractuales aprobadas  en  Expte. 26811 (fs. 80 y siguientes del expediente principal) expresa: “Fecha de entrada en vigor de cada seguro individual”: 1) El seguro de los  asegurables que hubieran solicitado su incorporación a esta póliza hasta  las doce (12) horas del día fijado como comienzo de su vigencia,  comenzará a regir desde dicha hora y fecha. 

En tanto el  art.  3 señala que “todo asegurable que desee incorporarse a esta póliza, debe solicitarlo por escrito en los formularios de solicitud individual que a este efecto proporciona el Asegurador…”. 

Esto sin dudas da cuenta de la necesidad de voluntades para conformar  el acuerdo (del asegurable ­Carlos 

Soria­  y  la  aseguradora  Horizonte).  Si  dicha  solicitud  ­expresión  de  voluntad­  no  ingresó  en vida  del nombrado  a la Aseguradora, mal  hace luego Horizonte ­el día 5 de enero­ en ingresar dicha solicitud, y  mucho peor, imprimirle el trámite que le dio. 

El art. 16 del mencionado Anexo I expresa: “Liquidación por fallecimiento”: 1) Ocurrido el fallecimiento de un  asegurado durante la  vigencia de esta póliza…”. Es decir: la liquidación del  beneficio se realiza si  el beneficiario está vivo durante la vigencia de la póliza para él. Insisto: si no hubo acuerdo de voluntades, no hay póliza vigente para Soria. 

Nótese que el propio Anexo I de la Póliza (Ver fs. 80) habla de  “Asegurador” (Horizonte), “Contratante” 

(Estado Provincial) y “Asegurados” (empleado estatal). 

Sobre  la  vigencia  temporal  del  Seguro,  el  imputado Carlos Villanueva señaló que Soria falleció  cuatro horas después  de  entrar en vigencia  el seguro  individual. Expresó que la vigencia del seguro surge de la cláusula 5  inciso 2º del Anexo I de la Póliza. Dijo que la fecha de adhesión ­al seguro­ se toma desde que se  hace  la  solicitud.  Que  por  Póliza  el  asegurador  delega  con  el  contratante  todas  las  obligaciones conforme al art. 19, que en la práctica se da en las escuelas, donde los  docentes llenas las fichas y luego las escuelas las remiten todas juntas. Refiere que cuando se presenta la  ficha ­el empleado al empleador­ 

ya  es  asegurado,  por  la  delegación  efectuada  al  contratante  (esta  posición  también  es sostenida  por 

Iaquinandi en su petición a fs. 344). 

El citado art. 5º inc. 2 del Anexo I ­de la Póliza­ establece que “el seguro  de los asegurables que soliciten su  incorporación  a esta póliza con posterioridad al momento de la vigencia, regirá a partir  de la cero (0) hora del día primero del mes que siga a la fecha de la  solicitud…”. 

De  acuerdo  a  esta  cláusula continúa  entendiéndose  que  para la  entrada en vigencia de la cobertura  es necesaria “la solicitud” ­del empleado o asegurado­ (tal como lo vengo diciendo). 

Agregó  Villanueva  que  por  el  art.  19  del Anexo I, la  sola solicitud del asegurado  ante su  empleador bastaría para el acuerdo de voluntad y cobertura del riesgo  con los plazos del art. 5 inc. 2. 

El  art.  19  expresa:  “Las relaciones  entre  el  Asegurador  y  los  asegurados  o  beneficiarios  de  éstos se desenvolverán siempre por intermedio del contratante. En  consecuencia, el Contratante efectuará el pago de las primas al  Asegurador y cobrará a los asegurados su parte proporcional asignada…”Claramente esta cláusula no habilita de ningún modo a que el Estado ­contratante­ sustituya al Asegurador 

­Horizonte­. Solo hace  de  intermediario en cuanto  a  las relaciones  entre  beneficiario  o  asegurados y el 

Asegurador…para haber relación, primero debió existir acuerdo entre  esas partes…­ Es decir: El Estado, 

en  todo  caso,  intermedia  luego  de  conformarse  el  acuerdo  de  voluntades, no antes.  Agregaré que las relaciones a las que hace referencia el artículo son las  de “pago de las primas al Asegurador y cobrará a los asegurados su parte proporcional asignada. 

Sobre este punto, Leonor Zamborain ­fs. 372/373­ señaló que la denuncia del siniestro se produce con la presentación de la empresa de sepelio  Diniello Hogar S.A ­que según ella, esta presentación motoriza el inicio de oficio del trámite el 2/3/12­, agregando que la denuncia es dentro de los  30 días. 

Sin  embargo,  observo  que  la  prevenida  cita  circunstancias  de  hecho  y  derecho  correspondientes  al 

trámites  de I.A.P.S  ­que  no se  le  imputó­,  no  dando  respuesta  alguna sobre  la  falta  de  voluntad  del 

Asegurable al ingresar la ficha de adhesión al quinto día de fallecido Soria. 

De  este  modo,  entiendo  que  no  había duda  al momento del  ingreso de la solicitud  de fs.3 del trámite administrativo,  que ya Carlos  Soria  había fallecido ­esto era un hecho público y notorio­, y conforme lo dicho, imposible de dar continuidad al trámite iniciado a fs.1. 

2.­  Vencimiento  plazo  de  denuncia  del  siniestro: El  art.  5º  del  Anexo  III  de  la  Póliza  establece: 

Comprobación  del Accidente – Corresponde  al Asegurado  o  al beneficiario instituido”: a) denunciar el 

accidente  dentro  de  los  quince  (15)  días  de  la fecha  en que haya ocurrido, salvo  caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o  negligencia, so pena de perder todo derecho a indemnización”. 

Claramente ­ver fs. 1­ el siniestro fue denunciado por el Estado el día 30  de marzo de 2012, es decir casi tres meses después de ocurrido el  siniestro (muerte de Carlos Soria). 

Aún contando solamente los días hábiles administrativos, el plazo de 15  días fue pasado sobradamente. 

Debo precisar que aún cuando se registró en el Libro de Registro de  Siniestros de Horizonte el inicio del trámite el día 5 de marzo de 2012, el  plazo estaba vencido. 

En  cuanto  al inicio  del trámite de oficio de parte de Horizonte ante el sola presentación de una funeraria que  pretende  cobrar su  servicio,  debo  decir  que  la Póliza no prevé la iniciación del  trámite de oficio. 

Claramente se requiere la denuncia del asegurado o beneficiario. De otro modo ¿para que el formulario de fs. 1? Es  que: a todas luces aparece como irrazonable e impropio que una Empresa quiera ver reducido por

motus  propio su patrimonio cuando legalmente podía conservarlo inalterado (y para ello tenía dos claros motivos: ausencia de voluntad y caducidad del derecho). 

De este modo, “Horizonte Compañía de Seguros Generales S.A.” abonó a los beneficiarios una suma de 

dinero  en  concepto de Seguro  de Vida  del  ex  gobernador Carlos Soria,  de manera ilegal,  esto  es, sin causa y contraviniendo las cláusulas de la Póliza General de  Seguro Nº 80.002. 

Ninguna de las normas citadas por los indagados modifica las  circunstancias de hecho apuntadas. 

Por último, descartaré la imputación del Ministerio Público Fiscal en  relación a la ausencia de resolución y de notificación del aumento de  capital asegurable. En relación al primero, porque no existe imposición  legal alguna para el dictado de una resolución de la autoridad cuando la  propia de ordenar pagos y efectuar las transferencias la sustuye. En  cuando a la falta de notificación de un presunto aumento de capital  asegurado, sin ingresar  a su perteniencia o no, esta carga es para el «Contratante», es decir: El  Estado. No pesando obligación alguna sobre la empresa ­o sea, los  imputados­. 

Participación  –  responsabilidad  penal  de  los  indagados:  Establecido  el  ilegal  pago  del  beneficio, corresponderá precisar  la participación  de  los indagados  en  el trámite  administrativo  y si sus conductas fueron delictuales. 

1.­  Directorio:  Nelson  Cides,  Ernesto  Acebal  y  Sandro  Chaina: Cides  ocupaba  la vicepresidencia  de 

Horizonte. Revestía la calidad de Director  de  la Compañía (fs. 114) ­e integrante del directorio­ y, por 

ende,  firma  responsable  de  autorizar  la  transferencia  de  fondos  en  el  pago  a  los  beneficiarios  (ver autorización  en  expediente  administrativo  de  Horizonte  obrantes  a  fs.  32,  43,  44,  55,  56,  67  y  68), reconocida por el prevenido en su indagatoria). 

Acebal y Chaina también integraron el Directorio ­este último como  Presidente­ a la fecha de los pagos. 

Conforme surge del propio trámite administrativo la suma total del  beneficio se abonó en diez cuotas. Para ello se hizo necesario ­y así se observa­ efectuar cuarenta transferencias dinerarias.

Más allá de las constancias suscriptas ­en copia­ en el expediente  administrativo, la compañía luego envió 

detalles  de  transferencias  e  intervenciones  de  los  funcionarios  nombrados  en  cada  una  de  ellas  (fs. 

449/488). 

Cides dijo que las autorizaciones de los pagos las hacía el presidente,  que en esa época era Chaina, que en ausencia de éste, él pudo haber  firmado alguna. Que una vez autorizada él firmaba dando el «visto bueno». Acebal precisó la necesidad de que se cuente con la firma de al menos  uno de los integrantes del directorio para que se operaran aquellos pagos. 

El  prevenido Aguada, empleado del sector administrativo, explicó que la  autorización la hacía alguien del directorio. 

Por su  parte Leonor Zamborain ­en su  indagatoria­ dijo que por acta de directorio se designan quienes son las  personas autorizadas para efectuar operaciones bancarias y la forma de  operar esta estipulada que es en forma conjunta indistinta de dos  firmantes, por eso participan dos de los firmantes mas el empleado que  confecciona la planilla. En igual manera se expresó Colace. 

Estas circunstancias se observan en los detalles de transferencias de fs. 449/488: 

Cides ­integrante del Directorio­ aparece autorizando: Cuota 1,2,  (M.E.S), cuota 1,2 (M.I.S), cuota 1, 2 

(C.E.S), cuota 1, 2 (G.E.S). 

Acebal  ­integrante  del  directorio­  aparece  autorizando:  cuota  1  (M.E.S),  cuota  1  (M.I.S),  cuota  1 

(C.E.S), cuota 1 (G.E.S). 

Chaina­ Presidente  e  integrante  del directorio­  aparece  autorizando: cuota 3 (M.E.S),  cuota  3 (M.I.S), cuota 3 (C.E.S), cuota 3 (G.E.S). 

Los pagos ­transferencias­ se efectuaron entre marzo y diciembre de 2013. 

Las referenciadas son las autorizaciones efectuadas de manera personal por los nombrados en el sistema de transferencias ­pagos­ interbanking (ver secuencia de  autorización  en la documental  original remitida por Horizonte de fs. 431/488). 

En  el  expediente administrativo se observan ya las autorizaciones suscriptas  por los funcionarios en cada 

caso,  no  encontrándose  únicamente  la  de Chaina en las  cuotas  número  3 ­pero se  ha registrado  en  el sistema su autorización­. El  organigrama funcional de fs. 134 expresa al Directorio como cabeza de Horizonte, por lo tanto es ineludible su capacidad de administrador de la compañía y así actuaron indistintamente en los pagos y autorización que efectuaron cada uno en su caso. 

El conocimiento de los imputados sobre la ilegalidad  del trámite aparece clara con sus intervenciones en el propio trámite,  así como por el innegable conocimiento de: la fecha de fallecimiento de  Carlos Soria y la 

fecha  del  “cargo”  de  ingreso  a  Horizonte  que  tenía  la  solicitud  de  beneficio  de  fs.  3  en  el  trámite administrativo y que fuera suscripta por Carlos Soria. 

También  aparecía  clara  la pérdida del derecho indemnizatorio en violación del art. 5º del anexo III de la 

Póliza. 

Insisto,  la  cuestión  está lejos de tratarse de una mera interpretación de normas  como pretendieron  los imputados, se trata  de dos situaciones claras y observables a simple vista luego de visualizar el trámite y cotejarla con los términos de la Póliza. 

Ningún reparo se tuvo sobre estas circunstancias, desviándose la  atención del trámite solo sobre la suma 

dineraria  que  debía  abonarse,  evitando  llamar  la  atención  del  proceso  sobre  la  falta  de  acuerdo  de voluntades entre las partes ante el ingreso de una solicitud cinco días después del fallecido su peticionante y la caducidad del derecho al cobro.

En  este  orden,  encuentro  que  las  conducta de los integrantes del Directorio  aparecen  como  las  de  un administrador infiel, desarrollando un trámite administrativo de pago  de una póliza de seguro, que desde la primera foja ya se evidenciaba  como imposible. 

No  tengo  dudas  de  que  en  este  trámite  las  autoridades  hicieron  de  verdaderos representantes de los beneficiarios ­y no de la Empresa que  administraban­, no se puede concluir otra cosa si tenemos en cuenta que: se ingresó la solicitud del  beneficiario al quinto día de su fallecimiento; se abono estando caduco el derecho indemnizatorio,  y  aún peor, se  quiere  expresar que se inicio  de  oficio la  tramitación (hecho no previsto por la Póliza). 

La petición del Dr. Rochas hacia Cides ­de haber existido y aunque solo  se trataba de la discusión de los montos a cobrar­ la considero  innecesaria, ya que desde dentro de la propia Empresa, con aquellos  actos irregulares,  en todo momento se representó  los intereses  de los beneficiarios, en claro perjuicio hacia la empresa que  administraban. 

Acebal  tenía  pleno  conocimiento  del trámite  en que intervenía ­en su indagatoria dijo haber estado con 

Cides  cuando el Dr. Rochas  efectuó  el planteo­; el Dr. Chaina había ­en su gestión­ tomado una activa  participación  en los  trámites ­esto surge de sus intervenciones  en las  autorizaciones y de los  dichos  de 

Colace cuando afirma que los empleados le llevaban expedientes para su control­. 

El  propio  Chaina,  en  su  indagatoria,  reconoce  ciertas  irregularidades  ­históricas­  en  los  pagos  de siniestros.  Afirmó  que  en un principio se  abonaba sin tener los  antecedentes ­causas­ y que luego  eso cambio. Recordó que la Superintendencia de Seguros les había 

llamado la atención y aplicado multas por las  irregularidades.  ¿sabiendo  la  existencia  de  estas  irregularidades,  porque  abonaba igualmente sin los antecedentes sumas dinerarias tan  altas?. Afirmó que cuando firmó la autorización de pago de marzo de 

2013 ­cuya copias se le  exhibió­ no recuerda haber tenido a la vista los antecedentes, pero que  con su firma el avalaba el pago. 

Decididamente,  esto no es mas que un acto infiel de administración: abonar grandes  sumas dinerarias sin los debidos  antecedentes ­y a conciencia  de  existencia  de irregularidades  en  otros  trámites­. Destacaré que el propio Chaina dijo que el expediente del pago del seguro de Soria estaba en la oficina de Cides y 

no  intervenía  él ­sin  embargo  abonó  una  abultada suma  avalando  el  pago­. Entiendo  que Chaina no 

ofreció  mayor  oposición  al  estado  del  trámite  y  su  irregularidad  ya  que  teniendo  el  control  de  los 

expedientes  que  decía  tener  ­en  su  afán  de  modificar  prácticas  irregulares­,  no  debe  haber  omitido observar la ilegalidad de la causa de pago. 

En el delito de defraudación por administración fraudulenta “partimos de un sujeto activo al que le ha sido encomendado o confiado pertenencias de otro, por lo tanto el agente está en una situación jurídica que le permite realizar negocios con efectos a favor o en contra del titular del  patrimonio. Estos bienes o intereses son recibidos conforme a alguna de  las tres fuentes que marca el tipo penal y entregadas para surtir efectos de  acuerdo a  alguna  de las relaciones  previstas  en  el código: manejo, cuidado, o administración. Todas suponen la obligación de proteger o salvaguardar intereses patrimoniales ajenos, aunque presentan ciertos matices”…Cuidado…supone un deber de fidelidad u obligación de proteger intereses patrimoniales ajenos, junto  a la conservación, guarda  o  protección  de los bienes jurídicos;  o la actuación por  otro ­gestión­, donde se requiere proceder con lealtad para que la  operación no sea desfavorable al patrimonio ajeno…” 

(CNCrim.yCorr. Sala VI, Bunge Campos, Nocetti de Angeleri, Lucini, causa 27.313, “Gassibe”). 

Existe  defraudación por infidelidad o abuso cuando se efectúa una entrega de  dinero destinada a que el receptor cumpla con un determinado fin con el bien puesto a su disposición; quien acepta el encargo sobre 

bienes  o  intereses pecuniarios ajenos  toma  a su  cargo  el deber  de cuidar  de ellos y, si  quebranta esta fidelidad,  incurre  en  el  delito..”  (C.N.Crim  y  Corr.  Sala  V,  Pociello Argerich, Filozof, Causa 28.790, 

Zapico”). 

Así,  los  encartados,  en  calidad  de  máxima  autoridad  de  la  empresa  Horizonte,  a  cargo  de  su administración y gestión, no ofrecieron el menor reparo en abonar un beneficio ­proveniente de un Seguro de Vida­ que jamás debió haberse  tramitado ­causando esto un perjuicio patrimonial indebido­. 

Considero  que  los  imputados  se  desinteresaron  de  su  deberes  de  fidelidad  para  con  la  empresa,  y evidentemente trasladaron este para con los beneficiarios. Insisto: ¿por que tomar como acto de voluntad 

válido  la solicitud  de  un  fallecido?,  ¿por  que  actuar  de oficio  cuando  contractualmente  esto no  estaba previsto?.  Para  beneficiar  a  los  hijos  del  ex  Gobernador  (aún  cuando  no se  ha  verificado  injerencia delictual  de  estos  ni conocimiento del  contenido  del trámite ­a excepción de la intervención  de Rochas sobre los montos a pagar, todos los indagados negaron  injerencias externas en el trámite). 

… se advierte que se trata de una defraudación por abuso de confianza,  que no necesita de engaño, sino del abuso de los poderes que el autor  ejerce en virtud de un acto anterior preexistente” (Carlos Creus, y el  desarrollo que realiza en su obra Derecho Penal, Parte Especial, tomo 1, Pág. 517 y ss.). 

En  el  caso  que  nos  ocupa  se  le  reprocha  al  imputado  una  administración  infiel  por  la modalidad de 

quebrantamiento  de  fidelidad,  por  obligar  en  exceso  al  organismo  que  administraba,  reduciendo  su patrimonio, en beneficio de un tercero. Este tipo de infidelidad supone una infracción al deber de cuidado, ocasionada por acción u omisión de  quien ocupa una posición de garante de los derechos del titular de los  bienes  administrados….  Así, se  advierten  maniobras  comisivas  y  omisivas  en  tal sentido, que actúan  a modo de indicio revelador del requisito subjetivo del tipo penal: dolo  directo y comprensión del perjuicio a la administración y el beneficio del prestador”. (Se. 106/03 STJRN). 

Se impone, entonces, dictar el procesamiento de los nombrados, en  orden al hecho atribuido, en calidad 

de  coautores  penalmente  responsable  del  delito  de  administración  fraudulenta  en  perjuicio  de  la administración (art. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del CP). 

2.­ Leonor Zamborain: La nombrada revestía la calidad funcional de  Gerente Financiero de Horizonte (ver fs. 115). 

En tal calidad funcional, Zamborain autorizó los siguientes pagos: fs. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75. 

Con  casi  10  años  de  antigüedad  en  la  Compañía,  Zamborain,  en  calidad  de  Gerente  Financiera  ­y 

Contadora­ conocía los recaudos legales para tramitar y otorgar el  beneficio de marras. 

Entiendo que su participación ha resultado necesaria para la  consumación del hecho, ya que concurrió con su firma y cargo a habilitar a autorización de los pagos a los beneficiarios sin objeción alguna. 

Zamborain se encargaba de “…realizar todo el control de lo que ingresa a la empresa, gestionar el cobro de todo lo que vende la empresa y  presentar al directorio los listados de deuda para la autorización de los  pagos que se van a realizar y participar en el proceso normal de pago…”  (indagatoria). 

Recuérdese que la autorizaciones suscriptas por la autoridades de Horizonte fueron también suscriptas por 

Zamborain dando el visto bueno para liberar el dinero y pagar el gasto  ­conducta sin la que el Directorio no podría haber liberado el dinero en el caso concreto). 

La ponderación  del aporte del  cómplice requiere  un  criterio  de  valor  que  lo presente como necesario, donde la contribución del cómplice, sin la  cual no habría podido cometerse el delito en la forma en que fue 

perpetrado,  abarque  aportes  aprovechados  por  los  autores  o  coautores  en  el  tramo  estrictamente ejecutivo, de acuerdo  a  la modalidad concreta llevada a cabo…” (STJ de Chubut, Sala Penal, 24­5­04, 

SAIJ sumario Q0015358). “El  criterio para determinar la participación necesaria es considerar la eficiencia del aporte, de suerte tal que  omitiéndosela en el caso concreto y con arreglo a sus características, el autor hubiera tenido que valerse del auxilio o cooperación de otras personas, o hubiera necesitado esperar otra oportunidad u otras 

circunstancias  en  pos  de  consumar  el  hecho  tal  como se  realizó” (Voto  de  la  Dra.  Berraz  de  Vidal. 

CNCasPen, sala IV, 19­3­03 in re “Santander”, SAIJ, sumario 33008834). 

Entiendo que los elementos de prueba colectados permiten inferir la  participación penalmente responsable de la indagada,  correspondiendo rechazar  el pedido  de sobreseimiento  y  disponer su procesamiento en 

orden  al  hecho  investigado,  en  calidad  de  partícipe  necesaria  del  delito  de  administración  fraudulenta agravada (arts. (art. 173 inc. 7 y 174 inc 5° del Código Penal). 

3.­  Victoria Colace: La  nombrada revestía  la calidad de Gerente Administrativa de Horizonte (fs. 159), cargo  dependiente de la Gerencia de Gestión Operativa (fs. 134). 

Su calidad funcional, descripta por ella en el acto de indagatoria no le  permitía efectuar un control de fondo de la tramitación. Si bien actuó como firma autorizada para alguna de las transferencia, entiendo que esta  sola circunstancia no lo coloca en una situación de garantía de los bienes administrados por el Directorio. 

A diferencia de Zamborain, Colace no aparece en el trámite como conocedora de la infiel actuación de los nombrados, y por ende, carecía del dolo propio de la figura legal escogida.   

En razón de ello, corresponderá disponer su falta de mérito, y correr vista al Agente Fiscal a los fines del art. 304 del CPP. 

4.­  Sergio Aguada: Interviene en el trámite como administrativo de Horizonte. Aguada habría intervenido en la tramitación de los siguientes pagos  parciales: fs. 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 

51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75. 

Sin  embargo,  el  prevenido  no  reviste  calidad  funcional  de  relevancia,  interviniendo  como  empleado 

administrativo  confeccionando  las  reseñadas ordenes  de transferencias  de  los  pagos  dispuestos  por  las autoridades. Carecía Aguada de función de contralor de la legalidad  del proceso, por lo que entiendo que corresponderá, dictar su  sobreseimiento en función de lo normado por el art. 306 inc. 1º, 2º  supuesto del 

CPP. 

5.­ Armando Enrique Iguacel: En relación a este prevenido considero que se dan las mismas circunstancias que  para Aguada,  es decir, su  calidad  de empleado administrativo sin mayores facultades de controlo o censura,  lo  relevan  de  la  responsabilidad  penal  en  estudio.  Considero  que  su  intervención  no  ha sido necesaria ni contrariando norma alguna. 

Corresponderá,  entonces,  dictar su sobreseimiento en función de lo  normado por el art. 306 inc. 1º, 2º supuesto del CPP. 

6.­ Carlos Alfredo Villanueva: El prevenido, a la fecha de los hechos, se  desempeñaba como Gerente de 

Asuntos Jurídicos y Legales de la empresa Horizonte. 

No existen dudas de su intervención en el trámite de marras ­reconocida por el propio indagado­. 

Ahora  bien,  noto  que  Villanueva  ha  tenido  una sola  intervención  en  el trámite  administrativo en la  que aparece dictaminando  en  aquella  calidad sobre los siguientes puntos: Riesgo cubierto, suma asegurada y  determinación de la suma asegurada. 

No se ha  acredita en autos  el  hecho de que Villanueva debiera efectuar un de dictamen vinculante en el trámite (a tal punto esto que Cides debió remitir el expediente y requerir opinión al Fiscal de Estado). 

Considero que  ante tal situación,  la participación en el hecho de parte del indagado no resultó necesaria para la continuidad del procedimiento. 

Entiendo  que  a  todo  evento, y  a  los  fines  de  terminar  de  verificar  estas  circunstancias,  corresponderá disponer la falta de mérito de Villanueva. 

7.­ María Mercedes Iaquinandi: Al momento de prestar declaración  indagatoria, la imputada reconoció su intervención y participación en la  tramitación del pago del Seguro de Vida del ex gobernador Carlos Soria. 

Iaquinandi interviene en calidad de Jefa de la Sección vida de Horizonte. 

Se  observa  a  poco  de  mirar  la  tramitación  que  Iaquinandi  autentica  copia  de  documentación  de  los 

beneficiarios  del  seguro,  tiene  en  sus  manos  el  trámite  ­que  se  encuentra  radicado  en  los  primeros momentos en su  Sección­ y suscribe las órdenes de pago. Si  bien la orden de pago de fs. 29, 40, 53 y 64 del trámite administrativa no resultan definitivas, y es luego sujeta  a un control de parte del Directorio y quienes intervienen en la transferencia de fondos, la misma

­junto a las autorizaciones previas a cada orden de pago­ se convierten en un paso previo y necesario para realizar las transferencias de fs. 31 y  siguientes. 

Considero que al ser ella quien inicia administrativamente el trámite, y  con los largos años de antigüedad en la función ­de jerarquía­ no podía  desconocer el extemporaneo ingreso de la tarjeta de adhesión de fs. 3 del trámite. 

Entiendo que no se trató de un mero  error y que de su parte existió un verdadero aporte a la conducta infiel del directorio interviniente en el trámite. 

Su participación aparece como necesaria ya que se convirtió en una pieza escencial del trámite, en razón de que al estar a cargo de la Sección Vida (siniestros por muerte) su negativa a dar continuidad al trámite se hubiera convertido en un valladar formal a la tramitación. 

De este modo, corresponderá rechazar el pedido de sobreseimiento y  disponer su procesamiento en orden al hecho investigado, en calidad de partícipe necesaria del delito de  administración fraudulenta agravada (art. 173 inc. 7 y 174 inc 5° del  Código Penal) ­en razón de la participación societaria mayoritaria del  Estado provincial y su afectación patrimonial­. 

HECHO  2: Pago Seguro de Vida I.A.P.S.: Obra reservado en Secretaría el  expediente 063/H/12 en el cual se  tramito  en  el Instituto Autárquico Provincial del  Seguro (en  adelante IAPS) el  pago  del seguro obligatorio de vida del ex gobernador Dr. Carlos Soria. 

A fs.  1 obra denuncia del siniestro ­muerte de Soria­ e individualización de los beneficiarios ­los mismos que en el caso Horizonte­, fechado el ingreso al IAPS el día 30 de marzo de 2012. 

De fs. 2 a 23 se agrega documental de los beneficios, incorporándose a fs. 24 certificación de servicios y liquidación de salario del fallecido ­la  misma que la presentada en Horizonte­. 

A fs.  25, María Mercedes I. de Torcoletti ­Jefa de Sección del IAPS­ efectúa liquidación siniestro Ley 

4232 ­Muerte­, señalando que los beneficiarios recibirían $128.403,00. 

En  fecha  12  de  junio  de  2012 ­fs.  28/29­  Luis  F. Prieto Taberner ­Gerencia de Asuntos Jurídicos y 

Legales  IAPS­,  dictamina  que  corresponde  que  se  haga  lugar  a  la  solicitud  de pago del  beneficio de muerte ­de Soria­ y que se ordene liquidar el capital  indemnizable y el beneficio previsto por el Decreto 

1074/85 a los beneficiarios. 

En fecha  29  de Junio  de  2012,  el directorio  del IAPS,  integrado por  el Licenciado Rodrigo Emmanuel 

Tobares  Altamiranda,  el  Cr.  Alejandro  Palmieri  y  el  Dr.  Ezequiel  Cortés,  dictan  la  Resolución  Nº 

210/2012 (fs. 32/33), acordando el beneficio de muerte previsto por la Ley 4.232 y el beneficio previsto por el Decreto 1074/85 a los beneficiarios  instituidos por el Dr. Carlos Ernesto Soria. Ordenan, también, la liquidación correspondiente por intermedio de los sectores de Vida y  Administración de ese Instituto. 

A fs.  34 se  libra  la  orden  de pago 435 por  un  total de $ 128.403,00 ­suscripta  por  la Cra. Victoria 

Graciela Colace ­Gerente Administrativa IAPS­. 

A  fs.  35  obra  autorización  de  pago  del  siniestro  vida,  confeccionada  por  el  Administrativo  Nicolás 

Navarro y autorizada por el Gerente de Programación del IAPS, el Dr. Luis F. Prieto Taberner. 

A fs.  36 se  libra la  orden de pago Nº  436 ­suscripta por Colace  por la suma  de  $12.000­,  la que es autorizada ­fs. 37­ por Prieto Taberner. 

A fs. 38 obra copia de mail dando cuenta de la intervención del  Gobernador a la tramitación. 

Luego, entre fs. 39/54 se incorporan detalles de transferencias bancarias. 

Ahora bien, dicho trámite debe ser confrontado con la normativa aplicable al consignado procedimiento, y verificar luego su cumplimiento ­o no­. 

La Ley L 4232 implanta el Sistema Previsional Solidario y Obligatorio de  Vida e Incapacidad para todo el personal  activo,  jubilado y retirado  del Estado provincial,  el de las Sociedades  en que  el Estado tenga 

participación  accionaria,  el  de  los  Entes  y  Organismos  Autárquicos  y  los  Bomberos  Voluntarios  en actividad. 

Entre los riesgos cubiertos, el art. 3 inc. C de la norma comprende la  muerte. El  art. 7 de la Ley señala que el capital indemnizable será el equivalente a veinticinco (25) veces la remuneración mensual sujeta a aportes jubilatorios, percibidos por el afiliado activo en el mes anterior al de producirse el siniestro. 

Del confronte del trámite con la Ley surge la siguiente irregularidad: 

1.­ Vencimiento plazo de denuncia siniestro – caducidad del derecho: El Estado, a través de la Secretaría 

General de Gobierno de Río Negro, denunció el siniestro el día 30 de  marzo de 2012, es decir, casi tres 

meses  después  de  ocurrido  el  siniestro  (ver  cargo  de  fs.  1  y  certificado  de  defunción  de  fs.  2  del expediente administrativo). 

De este modo,  a  dicha fecha,  en  dicha foja ­la primera del trámite­ se  observa sin duda alguna  que la comunicación del siniestro al IAPS sucedió fuera de los términos  del art. 11 de la Ley L 4232 y con las consecuencias del art. 15 de la  misma norma, es decir: pérdida del derecho a ser indemnizado por parte de los asegurados. 

Han aludido los indagados sobre la temporalidad de la presentación: 

El Dr. Prieto Taberner expresó que generalmente estos trámites se inician de oficio en sección vida ante la denuncia de los servicios fúnebres.  Agregó  que los  30  días  previstos por la ley son  días hábiles, y que teniendo cuenta el receso de la administración pública en aquel año, tomando en cuenta que el trámite se inició de oficio el 5 de marzo de 2012, destaca que el plazo de denuncia del siniestro no había  vencido. 

En similar sentido se expresaron Tobares Altamiranda y Cortes. 

Sin embargo, no será posible coincidir con los funcionarios. 

Varias son las circunstancias que se contraponen a la posición de los  indagados: 

En primer lugar llama la atención que se iniciara la tramitación del pago el día 5/3/12 (tal como surge de la carátula del expediente administrativo y  del Registro de  siniestro de la Sección Vida del I.A.P.S) cuando no obra en ninguna parte del trámite una petición o denuncia en aquella fecha. 

Mencionan los prevenidos la presentación de la funeraria (Diniello) como  fecha de denuncia de siniestro, sin  embargo, a poco de observar la documental  de fs. 3 del  trámite, se trata  de una “certificación” de servicio funerario  de  Carlos  Soria,  fechada el  día 2 de marzo de 2012. NO  existe  presentación  de  la funeraria, NO tiene cargo de ingreso dicha certificación. 

Agrego: ¿por que  colocar  en la foja 3 la  certificación  de la funeraria?, ¿por que encabeza el trámites la denuncia de siniestro  de fs. 1 con fecha 30 de marzo? 

Esto demuestra un proceder notoriamente irregular que se observa a  simple vista en el trámite. Todo indica que el expediente fue “armado” de manera tal que dieran los plazos legales. 

No resulta menos significativo que ahora se pretenda  tomar como denuncia la actuación de oficio ante la petición  de  la  funeraria, siendo  que: en  el dictamen de fs.  28,  el Dr. Prieto Taberner menciona en los antecedentes  que  “A fs.  1  obra  denuncia  de siniestro respecto del fallecimiento del  Sr. Carlos Ernesto 

Soria”. En relación a la certificación de la funeraria, esta es tomada como una documental mas del trámite. 

Es decir: no hay dudas de que los funcionarios tomaban en aquella  oportunidad el día 30 de marzo (fs. 1) como fecha de denuncia, y no el 2  de marzo o el inicio del trámite el día 5 de marzo. 

Agregaré que es increíble que desde el propio I.A.P.S se pretenda  justificar que el plazo de denuncia de siniestro sea el 5 de marzo, cuando realmente la posición de la empresa debiera ser la de protegerse a sí  misma, y no a los beneficiarios. 

Sin  dudas, a diferencia de la  presunta intervención del Dr. Rochas  en  el caso Horizonte, en el presente 

trámite  administrativo,  los  beneficiarios  no  precisaban  instar  el  trámite  ya  que  esto  se  lo  hacía complacientemente el propio I.A.P.S. 

Volviendo a la fecha de debe tenerse en cuenta como de denuncia del  siniestro, no hay dudas de que es la del 30 de marzo de 2013. 

El  art.  11  de  la  Ley  L  4232  es  clara:  “El  afiliado,  beneficiario  o  heredero  forzoso  o  declarado judicialmente, según corresponda, deberá comunicar al  Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Río 

Negro, el acaecimiento del siniestro dentro de los treinta (30) días de  conocerlo…”. 

¿Donde se  autoriza  a  las funerarias  a denunciar el siniestro?;  ¿donde se  autoriza  el inicio de  oficio  del trámite?. En ninguna parte de la ley. Si los imputados toman como normal iniciar de oficio trámites de pago de siniestros, esto da cuenta ­como luego se verá­ de alto grado de infidelidad para con el Instituto de parte de sus administradores. 

De este modo  es  posible concluir que  el trámite fue  irregular  y que el beneficio nunca debió haber sido  abonado ­implicando esto un perjuicio patrimonial­. El expediente no  debió pasar la foja 1 y 2. 

Entonces;  sentada  la  ilegalidad  del  trámite,  corresponderá  precisar  la  conducta  desarrollada  en  el expediente por los indagados ­reconocidas por ellos mismos en sus  indagatorias, es decir: ordenar el pago del siniestro­ puede ser tenida  como delictual. 

Siguiendo  el  criterio legal y jurisprudencial expresado en el  caso Horizonte, se ha dicho que “El común 

denominador  de  las  conductas  delictivas  sancionadas  por  la  administración  fraudulenta  es  el quebrantamiento  del  deber  de  lealtad.  Todos  los  casos  de  abuso  (…)  o  infidelidad,  tienen  como presupuesto la violación de este deber, en cuanto importa desconocer el  interés social en beneficio propio o  de  terceros…”  (Baigún,  David  y  Bergel,  Salvador Darío. El Fraude  en la Administración  Societaria. 

Depalma, 1998, pag.28). 

El  alto  grado  de  infidelidad  del manejo de la  cosa pública de parte de Cortes y Tobares  Altamiranda aparece notorio. 

No solo toman como normal una denuncia de siniestro fuera de los casos autorizados por la Ley, sino que 

han  demostrado  desconocer  que  actividad  desarrollan  o  deben  desarrollar  en relación al Instituto que administran. 

En el caso de Cortes, es preocupante que no conozca quienes son sus  empleados (dijo: “…el resto del 

iaps  funciona en  calle Laprida  al  300  y  comparte  con Horizonte,  edificio y tiene  entendido que  hay  un convenio por el cual comparten personal…”. 

Por otra parte, Cortes reconoce no efectuar observación alguna sobre los trámites: “…la resolución le llega impresa desde calle Laprida. Que así  llegan todos los exptes para la firma, que no recuerda el declarante haber tenido que imprimir una resolución para luego suscribirla…”. 

También  expresó  que  “…respecto  a  este  expte  ignora  como  se  inició  y  generalmente  se  inicia  por  el reclamo del beneficiario…”. 

Tobares Altamiranda expresó  que  “…físicamente  el Iaps tiene entendido en calle San Martín donde está 

Horizonte…” y que “…desconoce como es el inicio del expte por oficio.  Que el declarante solo intervino en la resolución…”. 

Insisto, la infidelidad defraudatoria está a la vista. Se expresan altos  funcionarios provinciales como si nada tuvieran  que ver  con  el trámite, que  “solamente firman”, sin  advertir  que sus roles en el trámite es el de mayor importancia, no pidiéndoseles mucho, por lo que con observar la fecha de la denuncia de siniestro (algo tan sencillo) no hubieran abonado el beneficio. 

El Dr. Reussi, in re “Wyss” señaló que “…caracterizando la violación de  los deberes que se castiga en 

éste  ilícito,  el  citado  autor  manifiesta  que  conforman  una  infidelidad  defraudatoria.  Indica  que  la delimitación de los deberes viene dada por las disposiciones que les  dieron origen y las violaciones pueden asumir tanto la forma de acciones o de omisiones. Que en ésta parte ya ha sido objeto de valoración cuál es obrar que se endilga a ambos imputados, que según la instancia del  trámite que llevaron adelante tuvo formas  comisivas  y  omisivas.  Que  también  se  caracterizaron  debidamente  los  deberes  implícitos  y explícitos que debían a su administrada, y que no contemplaron  debiendo hacerlo… En la obra “El fraude 

en  la  Administración  Societaria”,  de  Baigún­Bergel,  Pág.33,  los  autores,  en  un  concepto  plenamente aplicable al  caso, pese a estar referido a las representantes de sociedades, refieren  con cita de Halperín, 

que  “La  diligencia  de  un  “buen  hombre  de  negocios”  importa la exigencia  de que en el ejercicio de sus funciones  el administrador observe  los recaudos básicos  que  posibiliten el  adecuado funcionamiento del ente, tanto en la gestión operativa como en la organización interna. Para ello se torna imprescindible que el 

administrador  –conforme  la  naturaleza  y  relevancia  de  la  empresa­  se  conduzca  con  la  capacidad, contracción al trabajo y conocimientos técnicos que  contribuyan al mejor logro del objeto social”. Sobre el deber lealtad, en el mismo libro, Pág.29, se dice que “Y siendo [la lealtad] un derivado natural del deber 

genérico  de  buena  fe  que  debe  inspirar  el  quehacer  de  los  administradores  –según lo  entiende Betti­, implica la fidelidad que se corresponde con la confianza  en ellos depositada. … No se trata  de exigir una conducta extraordinaria, heroica o sacrificada; simplemente se debe priorizar la defensa y atención de los intereses que le han sido confiados a su administración, y consecuentemente la exigencia de no aprovechar la función para obtener beneficios …”.(Expte. Nro. 42.493/09 registro J.I.2). 

Fue la conducta de los indagados la que ha generado el perjuicio y  desmedro patrimonial del Estado. 

Entonces,  dispondré  el  procesamiento  de  los  indagados,  rechazando  el  pedido  de  sobreseimiento,  en 

orden  al  hecho  investigado,  en  calidad  de  coautores  del  delito de administración fraudulenta agravada (arts. (art. 173 inc. 7 y 174 inc 5° del Código Penal). 

Por  su  parte,  la  intervención  del  Dr.  Prieto  Taberner  puede ser  considerada  como la de un partícipe secundario. 

Arribo a esta conclusión  en razón de que no se aprecia que el dictamen que efectuara a fs. 28/29  fuera vinculante, pero claramente su intervención dio visos de legalidad al irregular trámite. 

A diferencia de Villanueva (en  trámite del I.A.P.S)  que solo  es requerido para dictaminar sobre puntos específicos), Prieto Taberner  dictamina el cumplimiento de los recaudos legales ­cuando ello no  ocurría­. 

La  propia  coimputada  Colace  menciona  que  cuando  ella  intervino  en  el trámite  este  ya tenía  el previo control legal. 

Entiendo  que  su  responsabilidad  aparece  como  la  de  un  partícipe  necesario,  razón  por  la  cual corresponderá rechazar el pedido de sobreseimiento y disponer su  procesamiento en calidad de partícipe necesario del delito de  administración fraudulenta agravada (arts. (art. 173 inc. 7 y 174 inc 5° del Código 

Penal).   

En relación a Colace, entiendo que le corresponde igual concepto que cuando analicé su participación en 

el  hecho  de  Horizonte,  ya  que su  calidad  funcional  no la  habilitaba a efectuar  control  alguno sobre el trámite, y su intervención carece del dolo necesario para el delito escogido. 

En este orden, corresponderá disponer su falta de mérito y correr vista al Agente Fiscal a los fines del art. 

304 del CPP. 

Devolución de beneficios: Determinado,  prima facie, que ambos beneficios (I.A.P.S y Horizonte) fueron abonados  de manera ilegal,  convirtiéndose  el mismo  en un pago sin  causa,  corresponderá requerir  a la 

Fiscalía  de  Estado  de  Río  Negro  que  inicie  el  trámite  correspondiente  (judicial  o  extrajudicial)  de devolución de las sumas de dinero indebidamente abonadas a los  beneficiarios ­hijos de Carlos Soria­. 

 

Por ello, 

RESUELVO:  I.­  Ordenar  el  PROCESAMIENTO  de  NELSON  CIDES,  ERNESTO  ACEBAL  y 

SANDRO  CHAINA,  en  orden  al  hecho  imputado,  en  calidad  de  coautores,  del  delito  de 

ADMINISTRACIÓN  FRAUDULENTA  AGRAVADA  (arts.  173  inc.  7  y  174  inc.  5  del  CP), manteniendo el beneficio de sus libertades provisorias por ausencia de riesgo procesal. 

II.­  Ordenar  el  PROCESAMIENTO  de  LEONOR  ZAMBORAIN,  en  orden  al  hecho  imputado,  en 

calidad  de  partícipe  necesaria,  del  delito  de  ADMINISTRACIÓN  FRAUDULENTA  AGRAVADA (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del CP), manteniendo el beneficio de sus libertades provisorias por ausencia de riesgo procesal.­ 

III.­  Ordenar el  PROCESAMIENTO de MARÍA MERCEDES IAQUINANDI, ya filiada, en  orden al hecho imputado, en calidad de partícipe necesaria, del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA 

AGRAVADA  (arts.  173  inc.  7  y  174  inc.  5  del  CP),  manteniendo  el  beneficio  de  sus  libertades provisorias por ausencia de riesgo procesal.­ 

IV.­  Disponer  la  FALTA  DE  MERITO  para  procesar  o  sobreseer  a  CARLOS  ALFREDO 

VILLANUEVA, por  las  consideraciones expuestas en orden al hecho imputado, en calidad de  partícipe necesaria, del  delito  de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA (arts. 173 inc. 7 y 174 

inc. 5 del CP). 

V.­  Disponer  el  SOBRESEIMIENTO  de  SERGIO  ALEXANDER  AGUADA  y  ARMANDO 

ENRIQUE IGUACEL, en orden al hecho imputado, por aplicación del art. 306 inc. 1, 2º del CPP, con debida constancia que la formación de este proceso no afecta sus buenos nombres y honor. 

VI.­  Disponer  la  FALTA  DE  MERITO  para  procesar  o  sobreseer  a  VICTORIA  GRACIELA 

COLACE,  por  las  consideraciones  expuestas  en  orden  a  los  dos  hechos  imputados,  en  calidad  de partícipe necesaria, del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA (arts. 173 inc.

7 y 174 inc. 5 del CP).

VII.­ Ordenar  el PROCESAMIENTO de RODRIGO EMMANUEL TOBARES ALTAMIRANDA Y 

EZEQUIEL  CORTES,  en  orden  al  hecho  imputado,  en  calidad  de  coautores,  del  delito  de 

ADMINISTRACIÓN  FRAUDULENTA  AGRAVADA  (arts.  173  inc.  7  y  174  inc.  5  del  CP), manteniendo el beneficio de sus libertades provisorias por ausencia de riesgo procesal.­ 

VIII.­  Ordenar  el  PROCESAMIENTO  de  LUIS  FERNANDO  PRIETO  TABERNER,  en  orden  al hecho imputado, en calidad de partícipe necesario, del delito de  ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA  (arts.  173  inc.  7  y  174  inc.  5  del  CP),  manteniendo  el  beneficio  de  sus  libertades provisorias por ausencia de riesgo procesal.­ 

IX.­  Remitir  copia  de  la  presente  a  la  Fiscalía  de  Estado  Provincial  a  los  fines  expresados  en  los considerandos ­recupero del pago ilegal de los beneficios­. 

X.­ Correr vista al Agente fiscal a los fines del art. 304 del CPP en relación a Colace. 

XI.­ Fórmese cuarto cuerpo a partir de fs. 601.­ 

XII.­ Registrar y notificar.

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Funcionarios procesados

Luego que la resolución del juez Igoldi tomó estado público durante esta mañana, se difundieron también, punto por punto, quiénes son los funcionarios procesados en la investigación por el seguro de vida de Carlos Soria. 

Lo que resolvió el magistrado:

RESUELVO: I.- Ordenar el PROCESAMIENTO de NELSON CIDES, ERNESTO ACEBAL y SANDRO CHAINA, en orden al hecho imputado, en calidad de coautores, del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del CP), manteniendo el beneficio de sus libertades provisorias por ausencia de riesgo procesal.

II.- Ordenar el PROCESAMIENTO de LEONOR ZAMBORAIN, en orden al hecho imputado, en calidad de partícipe necesaria, del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del CP), manteniendo el beneficio de sus libertades provisorias por ausencia de riesgo procesal.-

III.- Ordenar el PROCESAMIENTO de MARÍA MERCEDES IAQUINANDI, ya filiada, en orden al hecho imputado, en calidad de partícipe necesaria, del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del CP), manteniendo el beneficio de sus libertades provisorias por ausencia de riesgo procesal.-

IV.- Disponer la FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer a CARLOS ALFREDO VILLANUEVA, por las consideraciones expuestas en orden al hecho imputado, en calidad de partícipe necesaria, del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del CP).

V.- Disponer el SOBRESEIMIENTO de SERGIO ALEXANDER AGUADA y ARMANDO ENRIQUE IGUACEL, en orden al hecho imputado, por aplicación del art. 306 inc. 1, 2º del CPP, con debida constancia que la formación de este proceso no afecta sus buenos nombres y honor.

VI.- Disponer la FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer a VICTORIA GRACIELA COLACE, por las consideraciones expuestas en orden a los dos hechos imputados, en calidad de partícipe necesaria, del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del CP).

VII.- Ordenar el PROCESAMIENTO de RODRIGO EMMANUEL TOBARES ALTAMIRANDA Y EZEQUIEL CORTES, en orden al hecho imputado, en calidad de coautores, del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del CP), manteniendo el beneficio de sus libertades provisorias por ausencia de riesgo procesal.-

VIII.- Ordenar el PROCESAMIENTO de LUIS FERNANDO PRIETO TABERNER, en orden al hecho imputado, en calidad de partícipe necesario, del delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del CP), manteniendo el beneficio de sus libertades provisorias por ausencia de riesgo procesal.-

(Fuente: Noticiasnet.com.ar)

Nota del editor.

Quién es quién, entre los procesados:

I.- NELSON CIDES, vicepresidente de Horizonte; ERNESTO ACEBAL, gerente  general  e  integrante  del  Directorio  de  Horizonte; y SANDRO CHAINA, presidente de Horizonte.

II.- LEONOR ZAMBORAIN, gerenta financiera de Horizonte. 

III.- MARÍA MERCEDES IAQUINANDI, jefa de sección de Horizonte.

VII.- RODRIGO EMMANUEL TOBARES ALTAMIRANDA Y EZEQUIEL CORTES, vocales del IAPS- Instituto Provincial del Seguro de Río Negro.

VIII.- LUIS FERNANDO PRIETO TABERNER, gerente de Programación del IAPS.

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Anexo:

ALGUNAS REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO PERIODÍSTICO

Para la Justicia, los hijos de Soria cometieron «fraude» al cobrar su seguro de vida

RIO NEGRO

Intimaron a los hermanos a que devuelvan judicial o extrajudicialmente la totalidad del dinero que recibieron en 2013. 

Los cuatro hermanos Soria, entre ellos el intendente peronista Martín Soria y la diputada K María Emilia Soria, cobraron fraudulentamente un millonario seguro de vida a nombre su padre el ex gobernador fallecido Carlos Soria, según determinó la justicia de Río Negro. En total los hijos del ex gobernador cobraron en mano casi 1.5 millones de pesos.

Ahora el juez penal Favio Igoldi estableció que los pagos del seguro jamás debieron haberse realizado puesto que el trámite está poblado de irregularidades que huelen muy fuerte a fraude.

En el marco de la investigación judicial el magistrado procesó ya a ocho funcionarios provinciales, entre ellos directivos de la empresa de seguros provincial Horizonte y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS). Además intimó a los hermanos a que devuelvan judicial o extrajudicialmente la totalidad del dinero cobrado en cuotas durante el 2013.

Según el juez el pago ocurrió de “manera ilegal” puesto que los trámites sospechosamente se desarrollaron fuera de los tiempos legales. Esta acción se llevó a cabo con la complicidad de los directivos y gerentes de la empresa de seguros.

En total los Soria cobraron 1.242.290 pesos por el seguro de vida individual opcional en caso de muerte accidental y otros 128.403 pesos como parte del seguro obligatorio de vida, ambos tomados por su padre, totalizando 1.370.693 de pesos.

La forma y los tiempos de adscripción a los dos seguros resultó extraña desde el principio para el juez. Los formularios firmados por Carlos Soria arribaron a la oficina de Horizonte cinco días después de su muerte y la denuncia formal de su fallecimiento, con sus hijos como beneficiarios, recién el 30 de marzo de 2012.

El gobernador, como se sabe, sólo estuvo 20 días en su cargo antes de morir trágicamente a manos de su esposa Susana Freydoz.

Miembros de la justicia han dejado trascender que Soria no tuvo tiempo de firmar el suculento seguro voluntario. Lo cierto es que, estando bajo tierra, los formularios aparecieron en Horizonte y los dineros fueron cancelados sin demora luego de un trámite en el que, expresó la justicia, intervinieron directa o indirectamente el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi y el ministro de Economía, Alejandro Palmieri sin que se haya establecido su responsabilidad en el asunto.

En su dictamen el juez recordó que toda persona que desee subscribir una póliza debe hacerlo por escrito. “Si esa expresión de voluntad no ingresó en vida del nombrado a la aseguradora, mal hace Horizonte en ingresar esa solicitud y mucho peor imprimirle el trámite que le dio”, sentenció. En la visión del magistrado los directivos de la empresa provincial “hicieron de verdaderos representantes de los beneficiarios y no de la empresa que representaban”.

Miembros de la oposición subrayan además que la muerte de Soria “no fue un accidente sino un asesinato” de modo que, aunque hubiera sido un proceso limpio, tampoco debería haberse pagado una cifra basada en aquel concepto. “Todo fue muy raro, los papeles aparecieron cuando Soria ya estaba en el cajón”, dijo a Clarín una alta fuente legislativa en Viedma.

CLARÍN.COM – 29/05/14 – 16:53

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29-05-2014 00:02:00

Además de procesar, Igoldi quiere que los Soria devuelvan la plata

En una extensa y minuciosa sentencia, procesó y sobreseyó a distintas personas.

No tengo dudas de que en este trámite las autoridades hicieron de verdaderos representantes de los beneficiarios -y no de la empresa que administraban-, no se puede concluir otra cosa si tenemos en cuenta que: se ingresó la solicitud del beneficiario al quinto día de su fallecimiento; se abono estando caduco el derecho indemnizatorio, y aún peor, se quiere expresar que se inicio de oficio la tramitación (hecho no previsto por la póliza)”, dice el juez Favio Igoldi en un tramo sustantivo de la sentencia que dictó ayer en relación al cobro de los seguros (Horizonte e Iaps) por parte de los hijos de Carlos Soria.

El magistrado utilizó 14 páginas para justificar los procesamientos, sobreseimientos y falta de mérito en una causa que se inició a partir de declaraciones públicas del Gobernador que acusó a Martín Soria de haberle ofrecido hacer negocios con el Estado.
En el último párrafo de la sentencia conocida ayer, el magistrado señala: “Determinado, prima facie, que ambos beneficios (I.A.P.S y Horizonte) fueron abonados de manera ilegal, convirtiéndose el mismo en un pago sin causa, corresponderá requerir a la Fiscalía de Estado de Río Negro que inicie el trámite correspondiente (judicial o extrajudicial) de devolución de las sumas de dinero indebidamente abonadas a los beneficiarios -hijos de Carlos Soria-”.

Antes de analizar cada paso dado por los expedientes, el magistrado señala que “se verifican, a poco de observar el trámite, dos importantes irregularidades: 
1. La solicitud a adhesión de Carlos Soria ingresó a Horizonte cuando aquél ya había fallecido y,
 
2. La denuncia del siniestro se produce fuera de los plazos legales de caducidad.
Ambas circunstancias resultarán infranqueables para el pago del beneficio.
 
El paso siguiente es analizar cada testimonio y documentación con lo que resuelve.

Fuente: noticiasnet.com.ar

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9-05-2014 17:37:28

El Gobierno dijo que la decisión de Igoldi fue un «fallo totalmente arbitrario»

El Gobierno de Río Negro calificó como un fallo «absolutamente arbitrario y malintencionado» el procesamiento de funcionarios provinciales de parte del juez que lleva adelante la causa por el pago de seguros de vida del ex gobernador Carlos Soria.

Se remarcó en tal sentido que no hay motivos para que los alcanzados por la medida judicial dejen de cumplir sus funciones en el Estado.

 En tal sentido, el Gobierno rechazó el procesamiento de los funcionarios provinciales, ya que se trata de «una medida absolutamente parcial, direccionada y no sujeta a derecho, persiguiendo intereses ajenos a la actuación de un Magistrado en un proceso penal» destacaron en un comunicado.

 «El tinte arbitrario del proceso llevado adelante por el titular del Juzgado, que derivó en los citados procesamientos, quedó demostrado habida cuenta que la investigación irregular en nada se condice con los hechos manifestados oportunamente por el Gobernador, en los que se hacía referencia a la intención de Martín Soria de cobrar una suma muy superior a la correspondiente y efectivamente abonada» afirmaron desde el Gobierno.

 Por último subrayaron que «en este marco, se indicó que los funcionarios provinciales alcanzados por la medida judicial seguirán desempeñando sus cargos, en el convencimiento de la ausencia de delito en la gestión de pago de dicho seguro de vida. 

Asimismo, se ratifica el correcto desarrollo de los procesos administrativos llevados adelante por la empresa Horizonte Seguros SA y el IAPS, respectivamente».

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Tobares, sobre la sentencia de Igoldi: “Es un ataque al empleado público”

Viedma (ADN).- “El fallo del Juez Igoldi atenta contra la solidaridad del Sistema y es un ataque al empleado público”, expresó Emmanuel Tobares, al referirse a la sentencia del Juez Igoldi, quién dictó su procesamiento por el delito de administración fraudulenta agravada, en la causa sobre presuntas irregularidades en el pago del seguro a la familia Soria.

El Juez ha desconocido en su sentencia documentación elemental como la registración en libros que son obligatorios, llevados en legal forma y que son auditados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, lo cual es grave”, expresó el secretario de Hacienda, Emmanuel Tobares, en calidad de integrante del Directorio del I.A.P.S., luego de darse a conocer la sentencia.

Con sus manifestaciones, el Juez pretende que al tomar conocimiento de un hecho tan grave como es la muerte, miremos hacia un costado para perjudicar a aquellas personas que en vida, el asegurado instituyo como beneficiarios. Sin duda que si hiceramos esto, estaríamos estafando la buena fe de los afiliados y enriqueciendo ilícitamente al Instituto Autárquico Provincial del Seguro”.

Realmente las opiniones del Juez en el fallo, son erróneas, evidencian un desconocimiento notable respecto de la Naturaleza y Tramite del Instituto y dejan en evidencia la falta de humanidad por parte del Juez” expreso el Secretario de Hacienda.

El Juez expresa que la posición de la Empresa (por el Instituto), debiera ser la de protegerse a si misma y no a los beneficiarios. Sin duda esto es, como mencione, desconocer la Naturaleza del Instituto, atento a que el mismo como el artículo primero menciona, es un Sistema Previsional Solidario, exento de finalidad de Lucro, en el cual los contribuyentes del Instituto aportan mes a mes a los fines de garantizar un servicio de sepelio digno a los afiliados que fallecen y que designan sus beneficiarios para que perciban una suma dineraria y se puede realizar un servicio fúnebre acorde. El fin solidario del Instituto es manifiesto”.

Con relación a lo anterior, el secretario de Hacienda finalizó diciendo: “Tengan la tranquilidad los más de sesenta y seis mil afiliados adherentes al Instituto, que mes a mes aportan de su bolsillo, que durante esta gestión de Directorio del IAPS no seguiremos con esta disparatada idea del Juez, en convencimiento de la solidaridad como punto central del Sistema. Seguiremos cumpliendo la normativa integral del IAPS y la tramitación del pago de las indemnizaciones como corresponde, tratando de ayudar lo más posible a nuestros afiliados y a sus familiares y seres queridos en estos momentos tan sensibles”.(ADN)

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Soria: “El fallo del Juez me dio la razón, Wereltineck es un mentiroso”

Roca (ADN).- El intendente de General Roca, Martín Soria, se manifestó “satisfecho” por la sentencia del juez Favio Igoldi en la causa sobre presuntas irregularidades en el pago del seguro a la familia Soria. “El fallo del Juez me dio la razón, Wereltineck es un mentiroso. Todos los involucrados confirmaron lo que dijimos desde un primer momento, los hijos de Carlos Soria no tuvimos injerencia ni participación alguna en el trámite del seguro de vida de nuestro padre. Es una perversidad haber intentado sembrar algo así”, sostuvo.

Con respecto al comunicado oficial del gobierno tras conocerse el fallo del Juez Igoldi, “con la misma liviandad con la que el Gobernador me ataco a mí, ahora pretende embestir contra el juez diciendo que no hubo ningún delito en lo que él mismo denunció. Semejante incoherencia resulta verdaderamente inédita”

Me sigo preguntando donde están los negocios del juego, el petróleo y la obra pública. Dónde están las maniobras ilícitas con las que intentó desprestigiarme y desmerecer mis críticas a su gestión. Creo que si le queda algo de dignidad, el Gobernador debería pedir disculpas por haber intentando burdamente desprestigiar el apellido de nuestro padre y de sus hijos”, expresó.

Finalmente indicó: “quiero dejar absolutamente en claro, que así como no tramitamos ni solicitamos el cobro de nada, de confirmarse que estuvo mal hecho el trámite administrativo del seguro, inmediatamente nos pondremos a disposición de la justicia para actuar en consecuencia. Ésta es la diferencia entre los que viven de las puestas en escena, de los que tenemos una línea de conducta que honrar”.(ADN)

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