Proponen un Instituto del Seguro Provincial

7-07-2014 

Santa Fe

INICIATIVA DE DIPUTADOS KIRCHNERISTAS

En la elaboración del proyecto, trabajaron con técnicos de un organismo similar de la provincia de Entre Ríos.

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El diputado provincial Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) presentó un proyecto de ley para crear el Instituto del Seguro Provincial «orientado tanto al sector público como al privado, principalmente a Pymes y particulares, que podría jugar un rol referencial y regulador para la actividad del seguro en el mercado local», según explicó. Recordó que «desde mediados del siglo pasado hasta las nefastas privatizaciones de los ’90, nuestro país supo tener once aseguradoras estatales provinciales, y una nacional – la Caja Nacional de Ahorro y Seguros – que llegó a ser líder en el mercado argentino».

La iniciativa también lleva las firmas de los diputados Gerardo Rico, Mariana Robustelli, Leandro Busatto, Oscar Urruti, Ricardo Olivera, Mario Lacava, Darío Mascioli, Olga Coteluzzi y Erika Gonnet.

Toniolli señaló como un aporte del Instituto del Seguro Provincial al sector público «la posibilidad de un respaldo de previsibilidad en su egresos, evitando que ocasionalmente -ante responsabilidades emergentes de sus funciones- tenga que asumir pagos no contemplados oportunamente». Ejemplificó que «actualmente, mediante el seguro de carné está cubierta la responsabilidad del conductor de un vehículo del Estado ante terceros, pero no los daños del propio vehículo, quedando afectada la previsibilidad del uso de los recursos provinciales».

El proyecto propicia el acuerdo con municipios y comunas para que puedan acceder a cubrir sus seguros con tarifas preferenciales.

«Una aseguradora estatal también brindará beneficios al sector privado, ofreciendo tanto cuotas accesibles a particulares como cobertura y protección en aquellos sectores de la producción en los que -por existir riesgos críticos- no suelen interesarse las aseguradoras privadas», agregó. «En una provincia con una importante participación del sector agropecuario, tan expuesto a contingencias climáticas, una entidad aseguradora estatal con cuotas razonables sería de gran valor para pequeños y medianos productores».

El diputado señaló que la propuesta «fue elaborada junto a especialistas en la materia que han participado en el desarrollo de un organismo de estas características en Entre Ríos, junto a trabajadores del seguro y a profesionales de la Fundación Igualar».

Jardines de infantes

La diputada Rosario Cristiani (Santa Fe para Todos) presentó un proyecto de Ley por el cual se crea el registro único provincial obligatorio de las instituciones educativas que brinden educación inicial. El propósito es la instalación de controles sobre los jardines maternales y jardines de infantes que son gestionados por particulares, no sólo sobre su aspecto edilicio sino también supervisión pedagógica que dará a los padres la tranquilidad de que los niños están recibiendo la educación que corresponde brindarles, en el ambiente saludable y seguro que merecen.

Explicó que «todos los jardines maternales y de infantes instalados en territorio provincial -sean dependientes del Ministerio de Educación, de gestión oficial o de gestión privada y los gestionados por particulares- serán incorporados al Registro que estará disponible para la consulta pública, incluyendo información útil para las familias que necesiten de ese servicio educativo».

La autora se reunió días atrás con la Asociación de Jardines Particulares de Rosario para intercambiar opiniones y compartir la mirada sobre el proyecto. Cristiani dijo que hay coincidencias en que el Estado debe regular la actividad de los jardines particulares, especialmente protegiendo la seguridad y la vida de los niños, pero también garantizando el nivel educativo de estas instituciones. «Si bien los jardines particulares son entidades con fines de lucro, no son un comercio más. Son entidades educativas, y es esa función la que el Estado debe resguardar con mayor celo, cosa que en la actualidad no se cumple, ya que la supervisión en muchos casos sólo cubre el edificio al momento de la habilitación comercial, pero luego no hay seguimiento de las actividades pedagógicas que se desarrollan en las salas, ni de la titulación de los docentes, ni del tipo de material de juego y trabajo que se ofrece a los niños».

Fuente: www.sinmordaza.com.ar

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