Para la titular de la Unión de Aseguradoras, el reciente fallo de la Corte aliviaría la litigiosidad; pide subir la cuota en el servicio doméstico
Silvia Stang
LA NACION – DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2016
Poco más de un año después de aprobada la última reforma del sistema de riesgos del trabajo (una ley de 2012) y cuando ya era evidente que se estaba lejos de un alivio en el número de demandas, Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riegos del Trabajo (UART), dijo en una entrevista con LA NACION que hacía falta que la Justicia se expidiera en forma definitiva sobre lo dispuesto por esa ley. Tras el reciente fallo de la Corte Suprema que se expresó, en más de un tema, en línea con lo pretendido por las aseguradoras, Bettiol se muestra conforme, aunque cree que llevará tiempo resolver el problema de la elevada litigiosidad contra el régimen.
A principios de este mes, los jueces supremos establecieron, en la sentencia de la causa «Espósito, Dardo Luis c/Provincia ART», que las mejoras en los pagos por incapacidad dispuestos en la ley de 2012 no se aplican para los casos ocurridos antes de que entrara entrado en vigor esa norma. Y además, adelantaron su opinión sobre otras cuestiones conflictivas.
El sistema actual de riesgos del trabajo cumple el 1° de julio 20 años de vigencia. Durante las dos décadas tuvo una serie de cambios normativos, varios originados en las declaraciones de inconstitucionalidad que recibió por parte de la Justicia. La última reforma votada por el Congreso elevó significativamente el valor de los pagos de suma fija y de los pisos de las prestaciones por incapacidad.
Otro cambio reciente fue la incorporación de quienes trabajan en el servicio doméstico al universo de personas aseguradas. Bettiol dice que, por el incremento de costos del seguro, se le está pidiendo al Gobierno una suba del aporte que pagan los empleadores, hoy de entre 130 y 230 pesos (según la cantidad de horas en que la trabajadora hace tareas en el hogar). Esos pedidos podrían llevar los montos a entre 220 y 390 pesos.
El sistema tiene casi 10 millones de trabajadores asegurados y 980.000 empresas y empleadores clientes. Según las proyecciones de la UART, este año podría haber más de 122.000 juicios, un 16% más que en 2015 y casi un 1000% más que cuando el régimen cumplió 10 años.
-¿Cuál es el balance a 20 años de la ley que creó el sistema?
-Fueron 20 años de muchos cambios normativos y de jurisprudencia de peso. Ya al primer año hubo una duplicación de topes para un grupo de incapacidades y al siguiente año, para otras. El sistema se fue aggiornando, fue incorporando prestaciones y beneficios. A la par se lograron resultados muy fuertes: hubo una caída del 69% en el número de fallecidos en comparación con el inicio [en 2015 hubo 46 fallecidos por millón de asegurados en el ámbito de trabajo y 81,9 por millón si se cuentan también los accidentes in itinere, mientras que en 1996 esos índices eran de 149,2 y 233,2, respectivamente]. Eso significa que hubo casi 8800 muertes evitadas. A pesar del escenario cambiante se lograron cosas fuertes. La última reforma multiplicó por 5,24 las prestaciones en los montos fijos y los pisos, mientras que las prestaciones calculadas por una fórmula se actualizan con los salarios. Las ART están para proteger derechos de trabajadores y empleadores; su eje no puede ser la litigiosidad.
-Si la última reforma se hizo justamente para frenar la litigiosidad y lo logró en cuanto a los juicios contra los empleadores, ¿por qué siguieron aumentando las demandas contra las ART?
-Las demandas tienen que ver con cuestiones interpretativas de la nueva ley. El objetivo fue mejorar la situación del trabajador y eliminar [los juicios de] responsabilidad civil que azotaban a las empresas. En esto último la ley fue muy eficaz, pero mucha litigiosidad se redireccionó a las ART. Un reclamo es la aplicación retroactiva de la nueva ley; otro es la aplicación del Ripte, un índice de salarios usado para actualizar semestralmente los pisos de las prestaciones y los pagos de suma única, sobre el que se generaron interpretaciones que llevaron a que se ordenara actualizar lo que ya está actualizado [el componente de las prestaciones que ajusta automáticamente porque depende del valor de los salarios]. Y otro tema es el del baremo o tabla de valores de incapacidades, que pasó a formar parte de la ley. Eso provocó controversia; si en el plano judicial se utiliza otro criterio para establecer el valor del daño o de la incapacidad, obviamente hay una fuente de litigiosidad.
-¿Qué impacto tendrá el fallo de la Corte referido a la irretroactividad de la ley de 2012?
-El fallo dice que las nuevas prestaciones se aplican para las contingencias a partir de la vigencia de la ley. Además, los jueces enuncian dos consideraciones muy fuertes; una es que el Ripte se aplica para actualizar las sumas fijas y el piso prestacional, y la otra está referida al 20% adicional aplicado al pago por daños, que se entiende que es para los accidentes en el ámbito de trabajo que es donde cabe alguna responsabilidad del empleador, y no para el caso de los accidentes in itinere. Esto es una fuente de litigiosidad reciente y es muy oportuna la aclaración de la Corte.
-En el caso de los reclamos por la retroactividad, ¿no tuvieron su lógica en que el salto de valores de las prestaciones fue brusco?
-Hubo reformas también en 2000 y en 2009; veníamos de incrementos prestacionales importantes y la reforma sumó más. Puede ser que, en función de cómo se hayan actualizado para cada caso, se hayan implicado sumas diferentes. La base del sistema asegurador es que haya garantía de automaticidad y certidumbre para las partes; para que el esquema funcione es necesario que cada contingencia cubierta esté prevista a la fecha en que se produjo, porque eso es necesario para calcular las primas necesarias. De lo contrario se altera la base aseguradora.
-Algunas empresas se quejande subas fuertes en el valor del seguro a causa de la litigiosidad.
-Hoy la alícuota promedio está en 3,4% [sobre la masa salarial]. Ese valor incluye el 20% que fue la suba para cubrir la reforma de 2012. Eso es en promedio. Hay casos particulares de ajustes que tienen que ver con la litigiosidad puntual de la zona, la actividad o la empresa, o con la siniestralidad.
-En noviembre de 2014 se incorporó al seguro al personal de servicio doméstico, ¿cómo es la siniestralidad en ese segmento?
-Hoy está dentro de lo que se esperaba, pero en este sistema siempre hay tiempos de aprendizaje. Ahora pedimos la actualización del valor de la cobertura, hicimos la presentación a ambas superintendencias [de Riesgos del Trabajo y de Seguros] y estamos a la espera de la respuesta.
-¿De cuánto consideran que tendría que ser la suba?
-De alrededor del 70%, como la del componente de la obra social. En este segmento influye mucho la garantía del piso prestacional, porque los salarios están por debajo del promedio, se pagan prestaciones como si fueran de sueldos de 10.000 o 12.000 pesos.
-¿Cómo están hoy las acciones de prevención en las empresas?
-El escenario de litigiosidad complica el trabajo en esta cuestión. En general hablamos de la baja del número de fallecidos porque es un dato muy duro, pero en el número de accidentes también hubo una caída, que fue del 30%, gracias a que las empresas implementaron medidas en los ámbitos de trabajo. Se avanzó mucho.
-¿Qué discusiones hay hoy referidas a enfermedades? ¿Qué pasa por ejemplo con el estrés?
-Son discusiones que se dan en muchos países. La última incorporación de nuestro sistema fue la cobertura de hernias, várices y lumbalgias; ese tema era otra fuente de litigiosidad. Hay cuestiones sobre las que no existe una clara definición, a nivel internacional, sobre cuánto es atribuible a lo laboral. Y siempre, cuando se definen contingencias cubiertas, tiene que estar previsto el financiamiento, además de ver si nuestro país está en condiciones de dar esa cobertura.
-¿Cómo imagina el sistema en 20 años más?
-Nos gustaría volver a la esencia, que es trabajar en las cosas para las cuales las ART fueron creadas: proteger al trabajador con un costo razonable para las empresas. En la medida en que las cuestiones de litigiosidad se vayan despejando será más fácil trabajar en la prevención e incorporar a nuevos colectivos, como los autónomos. La situación de judicialidad es como un laberinto con muchas entradas y pocas salidas.
-¿No hay temor de que haya nuevas causas de judicialidad?
Una característica del sistema es la capacidad de dar respuesta. El nuevo fallo, al poner en caja ciertas cuestiones, debería ser una herramienta que tienda a bajar la cantidad de juicios.
