La SRT puso en marcha la implementación de la «Ley Micaela»

Es el primer organismo nacional que presentó una propuesta propia de capacitación, que fue aprobada por el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), uno de los organismos responsables de la aplicación de la Ley Nº 27.499, más conocida como “Ley Micaela”.

La instrucción está dirigida a empleados de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y se dictará durante un lapso de seis meses, durante los cuales la temática de género y violencia contra las mujeres será el núcleo central de estudio.La presentación del módulo de capacitación se hizo ante la presencia del Gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Hernán Díaz Vera, y de la totalidad de los responsables de las gerencias del organismo.

Concebido como parte de esta ley, el INAM elaboró un programa de capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Las autoridades de la SRT, se comprometieron a establecer los mecanismos necesarios para que la totalidad del personal pueda cumplir los siguientes objetivos:

  • Incorporar el enfoque de género para la prevención de la violencia de género.
  • Identificar los roles y estereotipos de género que inciden en las prácticas personales, profesionales e institucionales.
  • Conocer los recursos del Estado para la prevención y atención de la problemática, a fin de brindar el adecuado asesoramiento e información a las mujeres en situación de violencia.
  • Reconocer los signos de violencia hacia las mujeres.
  • Conocer los recursos básicos para orientar adecuadamente a las mujeres en situación de violencia.

La ley, y su consecuente programa de toma de conciencia acerca de la violencia contra la mujer, se sancionó tras el femicidio de la joven Micaela García, una estudiante entrerriana asesinada por un hombre que ya tenía antecedentes por violación

El espíritu de la norma es generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres como manifestación de la discriminación que las afecta, su magnitud, sus consecuencias negativas para las sociedades en su conjunto, y también brindar herramientas para la prevención. Además, estipula que esta toma de conciencia debe complementarse con acciones permanentes de capacitación y sensibilización a toda la comunidad, en este caso, a todos los servidores públicos.

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