Fuente: Diario Judicial
El 2021 fue un año particular para el Poder Judicial en materia de género. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia pasó a estar conformada exclusivamente con varones -por primera vez en 17 años- tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco y, por otro, el Consejo de la Magistratura decidió avanzar en la elección de consejeras mujeres por el estamento de los magistrados y la matrícula.
Las mujeres siguen sin acceder a puestos de poder reales dentro de la administración de Justicia, a pesar de algunas medidas y compromisos de las autoridades para llegar a la paridad de género. En el Día Internacional de la Mujer, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM) presentó el Mapa de Género de la Justicia Argentina. Del informe se desprende que el sistema de justicia sigue conformado mayoritariamente por mujeres (57%), pero que esta participación disminuye en las posiciones superiores.
En concreto, apenas el 31% de las máximas autoridades judiciales del país son mujeres, lo que refleja un leve aumento en la participación a nivel de la magistratura, mientras que se mantuvo estable a nivel de las máximas autoridades. Por el contrario, las mujeres fueron mayoría en el funcionariado y en el personal administrativo (61%).
Asimismo, el documento da cuenta de que el “techo de cristal” aparece para las mujeres “cuando concursan para acceder a la magistratura, y más aún, para acceder al nivel máximo de autoridad”.
Al comparar la Defensoría General de la Nación y la Procuración General de la Nación, se observa que la primera contó en 2021 con una proporción ligeramente mayor de funcionarias (59% y 54%, respectivamente). Se registró una proporción más importante de defensoras (39%) que de procuradoras y fiscales (28%).
La tendencia es más pronunciada en la Justicia Nacional y Federal, donde la proporción de mujeres camaristas en 2021 alcanzaba solo un 25%, lo que significa que por cada mujer camarista, hubo tres varones camaristas.
A su vez, el porcentaje de mujeres que ocuparon cargos de magistratura -incluyendo camaristas- fue del 31%, prácticamente la misma proporción desde hace 11 años.
Los varones también tendieron a concentrarse en los fueros penal, penal económico y en el ámbito electoral, es decir, las «materias con mayor poder político y vinculadas con lo público», mientras que las mujeres lograron mayor presencia en las temáticas más vinculadas culturalmente al género femenino -seguridad social, trabajo y derecho civil-, aunque siguen siendo minoría como camaristas en todas las Cámaras.
Aún persisten tres Cámaras donde no se registró a ninguna mujer: la Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, la Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, y la Nacional Electoral.
El informe también analizó el porcentaje de mujeres que ocupa el cargo de consejera en los Consejos de la Magistratura de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y provinciales. Este dato aumentó en 9 puntos porcentuales, pasando del 26% en 2017 a 35% en la última medición.
Esta situación se replica en los Poderes Judiciales provinciales, donde las mujeres son mayoría a nivel de funcionariado (64%) y menor proporción a nivel de magistratura (45%), siendo minoría en los cargos de máxima autoridad (33%), donde era mujer solo 1 de cada 3 personas en el vértice de los poderes judiciales provinciales.
En tanto, los Tribunales Superiores de Corrientes y Formosa no cuentan en su composición con mujeres, mientras que las provincias de La Rioja y Chubut completaron recientemente su integración con dos ministras. Esta tendencia se repite en los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa provinciales: sólo 1 de los 24 cargos de Procurador/a General fue ocupado por una mujer, mientras que hubo 7 mujeres entre los 17 cargos de Defensoras/es Generales, aunque siguieron siendo minoría.
El informe también analizó el porcentaje de mujeres que ocupa el cargo de consejera en los Consejos de la Magistratura de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y provinciales. Este dato aumentó en 9 puntos porcentuales, pasando del 26% en 2017 a 35% en la última medición.
