EL SEGURO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Ya nadie discute una realidad instalada en nuestro país con la entrada del presente siglo. Hay un alto porcentaje de la población excluida de la distribución de la riqueza y la brecha entre ricos y pobres cada vez es más ancha o por lo menos se mantiene en un rango nunca alcanzado. Se podrá discrepar en el análisis de las causas, en la distribución de responsabilidades y en los caminos a transitar para modificarla, pero no se duda de la existencia de esa realidad.

¿Cómo se comportó y se comporta la actividad aseguradora frente a ella? Sin duda siguió las leyes del mercado , adaptando su oferta a una demanda decreciente en razón de que los asegurables disminuían, al compás de ese proceso de pauperización y adecuó la misma para atraer a aquellos que tenían cada vez más intereses que cubrir de eventuales riesgos, al punto de compensar esa pérdida de asegurables.

 

En otras palabras: a medida que la torta se achicaba , acentuaba la puja por ver quién se quedaba con la porción mayor de la misma y sobre todo “con la crema y la frutilla”, que obviamente son aquellos a los que en ese proceso económico no les iba mal.

 

Como la actividad aseguradora ha sido, quizás, una de las menos interferidas por el Estado, salvo para obtener de ellas más impuestos (más aún después de que el mismo Estado se apartara de la función reaseguradora), no puede decirse que sus acciones hayan sido afectadas por éste. Al contrario, podemos afirmar que su presente como actividad, en cuanto a la inserción que tienen en la sociedad, es fruto de sus propias políticas libremente ejecutadas y que en la medida en que las decisiones macroeconómicas la beneficiaron, las acompañó sin disentir.

 

No es mi propósito censurar posturas, ni tampoco criticar que el sector asegurador, que no ha sido gestor relevante de esas políticas económicas, haya visto la oportunidad de hacer negocios a su amparo y de lograr la mejor rentabilidad de ellos.

 

De lo que sí se trata es de señalar si esa es la única actitud posible.

 

El sector asegurador es además de un actor económico, un actor social. Se nos suele llenar la boca para ponderar las virtudes de nuestra actividad, uno de cuyos objetivos es propender al bien común.

 

¿En qué se manifiesta ese bien común? ¿En qué mantenemos indemnes el patrimonio y la vida (en su valor económico) de los asegurables que más tienen para destinar recursos para su protección? Eso es así y está bien.

 

¿Pero qué hace el sistema para resguardar a aquellos asegurables que, aun teniendo intereses en cantidad considerable o a aquellos que nada tienen, salvo su vida, encuentran dificultades para integrarse a él? Poco, casi diría que nada.

 

El caso específico del ramo Automotores.

 

Para focalizar mi análisis y dada la amplitud de la actividad aseguradora, que abarca múltiples ramas, voy a ejemplificarlo con la rama automotor, por su volumen dentro de la prima que recibe el sistema y por la mayor horizontalidad que tiene su desarrollo dentro de las diferentes capas de asegurables. En ella se pone de manifiesto lo que expreso.

 

Solemos señalar que entre el 40 al 45 % del parque automotor no está asegurado y vemos con preocupación creciente, cómo ha aumentado la accidentalidad vial hasta el punto de que los poderes públicos nos ubican como gestores posibles de un cambio en sus alarmantes cifras, pero, al respecto, ¿qué hacemos como sector?

 

Las empresas aseguradoras ponen pautas de selección de riesgos cada vez más restrictivas. Los productores asesores nos resignamos a tener cada vez menos coberturas que ofrecer a los que están en la franja más pobre del mercado, mirando muchas veces para otro lado frente a prácticas, que implican reticencia o infraseguro, que sólo buscan encontrar la manera de entrar en el sistema asegurador.

 

Finalmente, tanto aseguradoras como productores terminamos aceptando que esos asegurables no se integran al sistema por falta de voluntad asegurativa. ¿Es siempre así, o el sistema no facilita su ingreso?

 

Hemos dejado que coexistan miles de asegurados que pagan prima, que ante una masa tan grande de vehículos fuera del sistema, están expuestos a daños de los que nunca serán resarcidos, provocados por otros que tampoco serán resarcidos. ¿Dónde queda el bien común en esa ecuación?

 

Mi impresión es que el sistema ha hecho muy poco para que esa situación se modifique, tratando de que muchos de los excluidos se integren.

 

La situación que he señalado anteriormente, en cuanto a que ha sido el mercado el que ha determinado esta situación con muy poca intención del Estado de intervenir en ella, frente a esa realidad, puede llegar a revertirse.

 

La imposición del seguro obligatorio, tal como está vigente, se ha demostrado poco eficaz para cambiar esta situación y por otra parte lo exiguo de su monto lo hace poco menos que inexistente.

 

No ha de faltar, mirando desde ese lugar, quien piense que el Estado debe intervenir más activamente. Pero antes de que eso ocurra me pregunto: ¿qué puede hacer el sector para que más asegurables se integren a él?. O expresándolo según lo establecen las leyes de mercado, ¿qué demandas están insatisfechas y qué ofertas demoran en aparecer?

 

Estimo que la cobertura de R.C. Automotores debe adecuarse, ofreciendo alternativas de menor costo que permitan atraer a aquellos con un patrimonio bajo expuesto a riesgo, ya que de nada sirve una cobertura de un millón de dólares, NO TOMADA por quien provoca un daño. Una opción a analizar sería una cobertura por daños a personas solamente por una suma que alcance el valor vida promedio que suele fijar la justicia o el doble de ella.

 

Otro camino que me surge es el de fijar pautas de selección de riesgos que permitan la integración al sistema, tomando recaudos de asegurabilidad, pero sin caer en pautas rígidas que no guardan relación con la realidad siniestral.

Por otra parte, el sistema debe premiar a quien mantiene su vehículo en condiciones, cumpliendo con las leyes que pautan su mantenimiento. A ese respecto debe unificarse un criterio entre todas las empresas para que no ocurra como ahora, que algunas exigen la VTV y otras no lo hacen, salvo especulativamente si el siniestro lo amerita.

 

El uso del automotor se ha difundido tanto, que son muchos los vehículos que circulan en manos de personas que lo tienen como herramienta para salir de la indigencia, sin dejar de ser pobres. Eso hace que el riesgo que su uso implica se haya multiplicado hasta tal punto, que el seguro no solamente debe asistir con su cobertura a quien tiene patrimonio para responder por un daño, sino que debería asistir a quien se ha visto perjudicado por el accionar de quien por falta de patrimonio expuesto, se despreocupa del perjuicio que provoque a otros.

 

En términos ideales, no debería haber ningún vehículo circulando sin seguro de R.C.

 

Que haya un 40 % de vehículos sin cobertura, debe sonrojarnos como actores del sistema. Algo está funcionando mal y no sólo es atribuible a la economía en general.

 

El sistema asegurador y los productores deben ser un factor proactivo para que los vehículos que por sus condiciones de funcionamiento son un riesgo potencial alto, dejen de circular, pero a la vez se debe facilitar que muchos vehículos que aún no están asegurados, sean asegurados.

 

Sintetizando, estimo que el sistema asegurador debe dejar de mirar para otro lado en relación a los que NO ESTÁN DENTRO DE ÉL. No debería estar solo y debe exigir de los poderes públicos un acompañamiento efectivo en ese sentido, haciendo cumplir normas que están vigentes, pero con una voluntad cierta de ocuparse de la cuestión.

Federico Von Klitzing
Productor asesor de seguros

Matrícula 16.883

fedevonklit@gmail.com

Nota del editor:

(*)

El presente trabajo corresponde a una ponencia presentada por el autor en el CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS 2005-Mar del Plata. Al momento de autorizar esta publicación, el señor von Klitzing consideró que, pese al tiempo transcurrido, no correspondía introducirle ninguna adecuación, por cuanto estima que “nada de lo que afirmo en ella se ha modificado de la realidad, salvo quizás en un porcentaje decreciente de los que están afuera del sistema asegurativo, ya que por efecto de una mayor disponibilidad económica se han integrado a él. Pero la disposición proactiva de aseguradoras, productores y del Estado mismo, han estado ausentes en estos casi ocho años transcurridos.

 

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