Especial para El Seguro en acción
En un interesante y oportuno artículo publicado en el news 52, el licenciado Omar Molea comenta las dificultades que enfrentamos cuando luego de una catástrofe, como la inundación, tomamos conciencia de lo limitado de la oferta de seguros para estas situaciones.
Únicamente las llamadas coberturas “Todo Riesgo” han tenido cierto grado de respuesta, ya sea en la rama “Automotores” como en “Todo Riesgo de Equipos electrónicos”, “Todo Riesgo de Equipos de Contratistas”, “Todo Riesgo de Construcción y Montaje” y “Todo Riesgo Operativo”.
También nos dice Omar, que las “aseguradoras deberán adecuar las coberturas a las nuevas realidades climáticas y sociales, y fundamentalmente, de crear nuevas fuentes de primas para el mercado”.
Desde el punto de vista técnico, la escasez de coberturas está asociada con la propia naturaleza del riesgo.
A diferencia del riesgo de daños por vientos o granizo que pueden afectar aleatoriamente cualquier parte del territorio, la inundación es un riesgo que afecta localizadamente las cuencas de ríos y arroyos.
El carácter “localizado” del riesgo genera un grave problema de “suscripción”, llamado “antiselección”. Es decir, que la gente potencialmente más afectada, es la más interesada en tomar la cobertura, impidiendo la aplicación de la “Ley de los grandes números”, es decir la formación de un colchón de primas para atender los siniestros.
Por este motivo, las coberturas son muy limitadas y asociadas a otros riesgos más aleatorios, como robo o incendio, que de alguna manera afectan a toda la población.
Si bien no descarto que puedan generarse algunas coberturas adicionales, estas soluciones serán siempre parciales y para sumas aseguradas importantes en otros riesgos aleatorios, hasta que no se solucione el problema técnico.
Para evitar la antiselección, veo dos soluciones factibles de implementar, ambas asociadas a la necesaria articulación entre lo público y lo privado:
Una variante es que se obligue al mercado a incorporar una cobertura (limitada) de inundación en pólizas de automotores o viviendas, de manera que todos tengan cobertura, ya sea que vivan en planta baja o en un 5º piso. Serán las aseguradoras las encargadas de estimar la prima que corresponderá pagar a cada uno.
Esta solución se utilizó en la década del ´70 cuando se incorporó (obligatoriamente) la cobertura de terrorismo en los seguros de incendio, y que perduró mientras duró el INdeR. Durante esos años, la Argentina fue uno de los pocos países con una cobertura de Terrorismo, generalizada para quienes adquirían una póliza de incendio.
Otra posibilidad es incorporar una cobertura básica de inundación a las contribuciones municipales (ABL), solución que se aplica (por ejemplo) en los Estados Unidos.
Entre otras ventajas, ésto facilita a las aseguradoras la cobranza del seguro, y evita totalmente la antiselección, y tiene muchas ventajas para los municipios, ya que:
Incentiva que la gente pague los impuestos y que denuncie las mejoras a los inmuebles (por la cláusula de infraseguro).
Reduce las erogaciones públicas por subsidios.
Evita los juicios al Estado.
Evita que la estructura municipal tenga que salir a hacer el relevamiento de daños (algo para lo cual el Estado no está preparado, y que las aseguradoras ya tienen organizado a través de los productores asesores y de los liquidadores de siniestros).
Debido al carácter catastrófico del riesgo, debería intervenir un pool de aseguradores, que garanticen una mejor atención que una única aseguradora. Los damnificados podrían ser atendidos por diferentes aseguradoras (PAS y liquidadores) en función del dígito de terminación de la partida municipal.
Algunos municipios aceptarán sólo a las aseguradoras que cuenten con representantes en el sitio, generando un crecimiento de la economía local y trabajo para los PAS que representarán a las aseguradoras (en el país hay más de 1500 municipios).
Experiencias anteriores ya nos anticiparon la falta de articulación entre lo público y privado, a saber:
En el riesgo ambiental, donde la falta de articulación al momento de legislar, ha impedido el desarrollo de un seguro de RC adecuado al riesgo ambiental.
En la falta de aseguramiento de bienes del Estado (por ejemplo para los buques de transporte Bahía Paraíso e Irizar, que ha impedido una rápida reposición del material).
Esperamos que esta vez, por la connotación social de la problemática, se pueda articular una solución.
Las Asociaciones de PAS podrían cumplir un importante rol, organizando Congresos y Encuentros entre los productores que trabajan con distintas esferas del Estado, escuchando a los funcionarios públicos y elaborando juntos algunas soluciones.
En tanto, mientras veo la angustia de los afectados, estoy convencido de que como parte del mercado de seguros, somos en una pequeña proporción responsables de la falta de instrumentos financieros para paliar los daños.
Ing. Andrés Artopoulos
Director
Leza Escriña y Asociados
Felicitaciones por la forma en que el autor abordó esta cuestión tan sensible. Excelente su propuesta. Hay mucho por hacer y ¡ debe hacerse !
Los que sabemos por viejos . . . .
Muy bueno tu artículo Andrés, fundamentalmente por las soluciones.
Una cosa para su acervo: en realidad, en la década del `70 la cobertura de Terrorismo, solamente la tuvieron aquellas aseguradoras (creo que una sola), que adaptaron sus condiciones luego de la ley 17.418. El tema se solucionó jurídicamente. Los fallos decían: «Actos de intimidación pública», así el reasegurador pagaba.
Víctor Fratta (PAS)