DEFRAUDADOS

oladoEspecial para El Seguro en acción

Mucho se habla del fraude en la industria del seguro, de sus implicancias, sus costos y, sobre todo, su impacto en un país con poco respeto por las normas y poco control jurisdiccional, como el nuestro.
Desde siempre, el fraude en el seguro se aborda en la crítica del estafador contratante, o las bandas organizadas, como por ejemplo los “rompehuesos”, y toda la industria se rasga las vestiduras al respecto, en tanto se presume que los defraudadores se llevan el 20 % o más de las indemnizaciones que se pagan.
Ahora bien, ¿ellos son los únicos defraudadores? Creo que no. Comencemos.

El Estado

Es el principal actor de consecuencias dañosas, ya sean contractuales o extracontractuales. Generalmente el Estado no cuenta con coberturas en los riesgos asociados a sus múltiples funciones. Se dice que muchas veces cuenta con “auto-seguro” por su discutida solvencia. La normativa procesal beneficia al Estado con plazos súper amplios, fueros especiales, e incluso hoy se debate reformar el Código Civil para limitar su responsabilidad.
Es casi imposible cobrar un crédito por un perjuicio causado por el Estado (nacional, provincial o municipal), ni siquiera teniendo sentencia firme de condena, pues luego de sus beneficios legales y procesales, la víctima necesitará obtener una burocrática incorporación presupuestaria, para finalmente recibir un Bono de Consolidación, postergado y devaluado (recordemos la prohibición legal de embargar al Estado Nacional). Un verdadero dislate en perjuicio de la víctima.
Pensemos en el supuesto de que alguien fuera embestido por un vehículo del Estado. Casi con certeza diría que no tendrá ninguna cobertura de seguro. La víctima tal vez ni encuentre un abogado que le tome el caso, por el eterno derrotero que deberá sortear. Ergo, el perjuicio no será resarcido en tiempo y forma (el Estado, además, tiene prohibición de conciliar extrajudicialmente).
Esta realidad de un Estado sin coberturas de seguros, no puede calificarse como “fraudulenta”, aunque sí de falta de ética, claro.
Señalo también la falta de inversión vial y en transporte público de pasajeros (se malgasta en tantas cosas), causante de las mayores tragedias, pérdidas diarias de vidas y generadora de miles de incapacitados no resarcidos.
Continuemos.

El Estado y las aseguradoras

También el Estado tiene la potestad de control de las aseguradoras. ¿Y cómo lo hace?
No con la plena eficiencia que cabe exigirle. Todos conocemos casos latentes de insolvencia por parte de algunas aseguradoras, la insuficiencia de sus reservas, y el incumplimiento del “contrato de seguros”, pues emiten pólizas, cobran primas y no pagan los siniestros, salvo sentencia firme, lo que obliga a las víctimas a recurrir siempre a la Justicia.

Hoy muchas aseguradoras atienden deficientemente algunas áreas de sus oficinas (siniestros, terceros, asegurados, proveedores, tesorería, etc.), todas en diferentes días y horarios, para completar la complicación. Y la atención a los terceros es sumamente criticable. Frente a ello encontramos a un puñado de aseguradoras, coordinadas por CESVI, intentando dar mayores certezas y, por otra parte, el panorama que se abre ante la reciente imposición del Servicio de Atención al Asegurado en cada aseguradora, dispuesta por la Superintendencia. Es algo.

Paralelamente, algunas aseguradoras hoy no pagan los siniestros de terceros en trámite extrajudicial ágil y ni siquiera concurren a las audiencias de mediación donde son citadas. Lo que debería ser la función de la aseguradora, claramente no lo es. En tales casos, el asegurado se encuentra expuesto y la víctima, también. Pero sí exhiben costosas pautas de publicidad, auspicios en camisetas de equipos de fútbol, estáticas y anuncios por doquier, sumas de dinero que mayormente no se destinan al pago de siniestros a las víctimas o sus asegurados.
Por lo general, las aseguradoras que pagan los siniestros en forma extrajudicial, muchas veces no abonan el verdadero valor del daño causado, y en tales casos la víctima o el asegurado se encuentran obligados a aceptar esas sumas menores, para no embarcarse en juicios interminables o devaluados por una tasa de interés que no mantiene el valor del dinero.

La justicia

La Justicia también aporta lo suyo a la confusión. Los juicios de “chapa y pintura” de poco dinero tienen el mismo eterno trámite que los pleitos por montos millonarios cuando hay lesionados y muertos. Los trámites judiciales cada vez duran más años, el horario de Tribunales es del siglo XIX, seguimos con trámite de papel en la era del microchip. Al mes y medio de feria judicial por año, se le suma otro mes de feriados y tantos días más sin trabajar por huelgas. Burocracia: todos la conocemos.

Para completar el descalabro, la Justicia aplica tasa activa en algunas jurisdicciones y tasa pasiva en otras, en un país con un importante proceso inflacionario, permitiendo de esta forma una injusta licuación de créditos en perjuicio de las víctimas que lo pagan con la salud o con su vida, precisamente lo que se debería cuidar. El sistema no puede ser un “negocio financiero” para las aseguradoras, ni debe ser una “caja resarcitoria social” que atienda contingencia no cubiertas, como algunos pretenden (“No hay nada más aterrador que un laberinto sin centro”, dijo una vez Borges).

Otros responsables

No me olvido de los rompehuesos, o de aquellos que agigantan sus reclamos, es decir de “los defraudadores” del mercado asegurador, delincuentes solitarios u organizados quienes, ante las situaciones inventariadas, no sólo no tienen castigo jurisdiccional, sino tampoco reproche social.
Necesariamente nuestra sociedad en su conjunto, las autoridades y la industria del seguro deben corregir una realidad malsana para superar la situación actual, francamente de crisis, que impacta en la credibilidad y en la solvencia del propio sistema. Las soluciones están disponibles y son de fondo. Debemos ocuparnos.
Sin duda el panorama es sombrío, pero creo firmemente que esta situación se puede revertir. El célebre George Bernard Shaw sostenía: “Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias y las crea si no las encuentra”. Y esa responsabilidad nos interpela a todos.

Dr. Guillermo H. Bolado
Abogado
bolado@bolado.com.ar

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3 Thoughts to “DEFRAUDADOS”

  1. E.P.R.

    El doctor Bolado con dureza quizás demasiado extrema carga las tintas en el Estado, la justicia, la Superintendencia y las aseguradoras.
    Respeto sus opiniones, porque se ve que sabe y tiene alguna dosis de realismo. Pero me pareció una visión política y parcial, porque no dedica la misma fuerza para ilustrarnos sobre sus y mis colegas, los caranchos e inventores de la industria del juicio. Ni del fraude causado por la insolvencia de casi doscientas aseguradoras en los noventa, cuando funcionó a pleno la política neo-liberal. Me gustaría leer esa segunda parte de la nota.

  2. Mario Bosco

    La manera más sencilla y apropiada de resolver las cuestiones susceptibles de plantearse en torno al contrato de seguro, es la negociación directa entre el asegurador y el asegurado.
    Se trata del medio más económico y conveniente a la naturaleza del vínculo que los une y, de hecho, es el más utilizado, pese a que no suele presentarse a la consideración general como una forma de solucionar conflictos.
    Cuando el asegurado formula un reclamo al asegurador y éste responde, se pone en marcha un mecanismo de negociación cuyo resultado final será, en la mayoría de los casos, un acuerdo entre ambos que no solamente pone fin al conflicto, sino que incluso afianza el vínculo y contribuye a una mejor relación futura, mutuamente satisfactoria.
    De esa manera se evita, asimismo, tener que acudir a otras instancias o medios de resolución de conflictos que representan mayores costos, insumen más tiempo y, finalmente, deterioran el vínculo con los asegurados y no favorecen la imagen comercial de las aseguradoras.
    Es claro que esta forma de resolver los conflictos no necesitan previsión legal alguna para su aplicación, toda vez que es una manera de entendimiento entre las partes que no requiere de disposiciones legales para realizarse e instrumentarse, permitiendo llegar a un acuerdo por virtud de la mera voluntad de los intervinientes, pudiendo alcanzar no solamente a los asegurados sino también a los terceros que reclaman ante las aseguradoras como damnificados en los casos que corresponda.
    Pero, desafortunadamente, se continúa con viejas prácticas negativas y existe una nueva modalidad que es la introducción de estudios jurídicos externos, quienes antes se limitaban a las acciones judiciales contra las aseguradoras y ahora aceptan designaciones para atender reclamos de Responsabilidad Civil de automotores de terceros, confundiendo su gestión y tratando a los asegurados y/o terceros, como potenciales litigantes de esas mismas entidades seguradoras.
    Estas situaciones hacen que ante la más mínima divergencia o disparidad de criterios, los asegurados y terceros reclamantes aleguen indefensión y deriven sus reclamos en un abogado y éste, escudado en esta nueva arma legal, se presente ante las aseguradoras con un mediador; resultando que muchas veces un simple daño que podía haberse solucionado en la continuidad del diálogo con el liquidador designado, alcance cifras impensadas y de difícil negociación en los estrados judiciales.
    Por ello, una de las maneras más efectiva de desalentar “la industria del juicio”, es el cuidado por parte de las entidades aseguradoras en la selección de sus cuadros de liquidadores, por vía de profesionales matriculados ante la SSN, reconocidos y respetados; que sean verdaderos analistas con basamentos técnicos-jurídicos; que actúen con prudencia; utilizando sólo los elementos técnicos dentro de los límites que enmarca el contrato de seguro afectado y les posibilite cumplimentar con celeridad y ecuanimidad la finalidad para las que fueron creadas, que es la de resarcir daños y poder demostrar a la sociedad, por medio de los asegurados damnificados, los beneficios que existen cuando ocurre un siniestro y se posee una póliza contratada con una aseguradora que se precie de serlo.
    Mario Bosco (Perito Liquidador Matrícula SSN. nº 15)

  3. Lei detenidamente la opinión del Dr. Bolado y del Sr. Bosco.En principio es diíicil no coincidir con ambos, pues resumen acabadamente la mayoría de la problemática del fraude (por los aseguradores, por los asegurados y también, por que no decirlo, por ciertos PAS que haciendo beneficencia con dinero ajeno, muchas veces se hacen cómplices de los pedidos de ciertos clientes.
    Coincido también en la apreciación del Sr. EPR, sobre las casi 200 compañías «quebradas», que dejaron a muchos asegurados afrontando siniestros por los que habían pagado un seguro que los protegiera. Menuda propaganda para un sistema en el cual quebraron casi la mitad de los que lo componían.
    Respecto a la referencia del Sr. Bosco sobre el papel de los Liquidadores (al igual que abogados, PAS, y cualquier otro grupo de afinidad relativa), los hay buenos, regulares y malos y los malos aseguradores (vuelteros, dilatorios, malos pagadores, etc.) suelen utilizar los servicios de no tan éticos liquidadores que buscando el pelo en el huevo, dan el basamento para dilatar, encontrar formulas para reducir o negar el pago de los siniestros, etc.
    En ocasión de uno de los Foros del Seguro, tuve la suerte de compartir en una pausa y de manera casual un café con un Juez y un Camarista, quienes decían que los juicios contra aseguradoras siempre eran contra las mismas Compañías en general y cada tanto aparecia uno contra las que llamaron «serias».
    Héctor Taboas (PAS)

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