El primer encuentro oficial del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) puso en el centro de la escena la problemática de la litigiosidad en Argentina, y su impacto negativo en la economía y el sector asegurador. Tuvo presencia de representantes de los tres poderes del Estado, con ministros, secretarios y diputados nacionales, además de los Superintendentes de Seguros y Riesgos del Trabajo, entre otros.
FAPASA mantiene un diálogo constructivo con todos los actores del sector asegurador, y por ello, sus dirigentes fueron invitados a este evento que puso en el centro a la litigiosidad como un gran flagelo para la economía en general y el seguro en particular.
El Primer Coloquio Anual del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) se realizó en el Alvear Palace Hotel el pasado martes 27 de agosto, y todos los presentes coincidieron en señalar que la falta de uniformidad en la jurisprudencia, los incentivos perversos y la ineficacia de mecanismos como la mediación obligatoria están generando un sobrecosto significativo para el sistema. En contrapartida, enfatizaron en la necesidad de la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, tomando el caso de Mendoza como un ejemplo a seguir por el resto de las jurisdicciones.
Agustina Decarre, Presidente de FAPASA, y Jorge L. Zottos, Secretario de la Federación y Presidente del Ente Cooperador Ley 22.400, participaron de la jornada e intercambiaron puntos de vista con la nutrida concurrencia, con funcionarios públicos, CEOs y ejecutivos de las principales aseguradoras del mercado.
“La falta de uniformidad en los criterios jurisprudenciales para la determinación del daño es una de las causas del flagelo de la litigiosidad” (Alejandro Simón)
La apertura del coloquio estuvo a cargo del Presidente del CIDeS, Alejandro Simón (a la vez, CEO del Grupo Sancor Seguros), junto al Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, y al Superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón.
Durante su disertación, Simón destacó que el “flagelo” de la judicialidad se origina en “la falta de uniformidad en los criterios jurisprudenciales para la determinación del daño, los mecanismos de actualización de los pasivos judiciales que afectan la solvencia y estabilidad financiera, los incentivos que fomentan la disposición a iniciar acciones legales muchas veces injustificables (cuyos costos incluso no recaen en la parte que realiza reclamos finalmente rechazados en su procedencia o magnitud), y los esquemas de honorarios periciales que generan conflictos de interés y distorsionan la realidad de los daños sufridos”.
“Hoy lamentablemente volveremos a estar con un saldo de 120.000 juicios. La solución es cumplir con la ley” (Gustavo Morón)
Morón alertó sobre un preocupante aumento de la litigiosidad laboral en Argentina. En su discurso, hizo referencia a la Ley 27.348, sancionada en los años 90, cuya intención principal era ordenar y reducir la cantidad de juicios laborales. Gracias a esta ley, se logró disminuir significativamente la cantidad de casos, pasando de 120.000 a 40.000 juicios anuales. Sin embargo, el titular de la SRT expresó su preocupación ante la tendencia actual, señalando que la cantidad de juicios laborales se está incrementando nuevamente y se estima que volverá a alcanzar los 120.000 casos anuales.
“La desregulación significa establecer normas que se puedan cumplir y eliminar aquellas que no son controlables” (Guillermo Plate)
Por su parte, Plate enfatizó la necesidad de contar con una Superintendencia fuerte, capaz de supervisar y colaborar con el sistema judicial. «La desregulación significa establecer normas que se puedan cumplir y eliminar aquellas que no son controlables. Esto no solo fortalece al sistema, sino que protege de manera efectiva a los asegurados», resaltó.
Ejes centrales del coloquio
Entre los puntos clave del encuentro, a lo largo de las diferentes presentaciones y paneles, se destaca:
– El aumento exponencial de juicios: Los participantes alertaron sobre el incremento de la litigiosidad en los últimos años, especialmente en los ramos Riesgos del Trabajo y Automotores, lo que genera sobrecostos y desincentiva la inversión.
– La necesidad de una reforma profunda: Se planteó la urgencia de implementar reformas legislativas y normativas para reducir la litigiosidad, promover la celeridad en los procesos y garantizar la seguridad jurídica.
– El rol de ambas Superintendencias: Los reguladores destacaron la importancia de contar con organismos de control fuertes y eficientes, que supervisen el sector y colaboren con la Justicia.
– La importancia de la planificación institucional: El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, propuso la creación de agencias especializadas para resolver conflictos de manera más eficiente y evitar la sobrecarga del Poder Judicial.
– Lucha contra el fraude: El Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, instó a endurecer las penas contra los defraudadores y en llevar a la Justicia todos los casos de intento de fraude que sean detectados.
– Actualizar la legislación del seguro: El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consideró necesario avanzar en reformas legales para el sector, a través de una modernización de la legislación en materia de seguros que ya lleva más de 60 años.
Desafíos planteados
Entre los retos y propuestas surgidas en el encuentro, vale la pena señalar:
– La creación de una tasa de referencia para la actualización de indemnizaciones.
– La implementación de penas más severas para quienes reclaman el pago de siniestros fraudulentos.
– Cambiar la normativa, para que la remuneración de los peritos forenses no esté vinculada a los porcentajes de incapacidad que determinan en los expedientes.
En ese marco, los expertos advirtieron que lograr una reducción significativa de la litigiosidad requerirá de un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados, incluyendo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el sector privado.
En conclusión, el Primer Coloquio Anual del CIDeS puso de manifiesto la necesidad urgente de abordar la problemática de la litigiosidad en Argentina. Los participantes coincidieron en que esta situación no solo afecta al sector asegurador, sino que tiene un impacto negativo en toda la economía y en la sociedad en su conjunto.